Los humos de la ley

La polémica estaba servida cuando el Gobierno aprobó la ley contra el tabaco a finales del pasado año, y las dudas sobre su firme aplicación desde el 1 de enero ha convertido lo que era un más que plausible deseo de buenas costumbres y salud en un galimatías normativo de difícil solución práctica. Dejar en manos de los ayuntamientos su cumplimiento -como ya anunció en su día la ministra de Sanidad, Elena Salgado- sin que la Administración autonómica haya redactado ninguna normativa que regule las multas a los fumadores que incumplan la ley es quedarse a medio camino del deseo más elogiable.

La falta de desarrollo legislativo de la Ley del Tabaco no sólo ha provocado la falta de denuncias, sino que, además, diversos colectivos han visto mermados sus propios intereses económicos. A la puesta de largo de la ley ha seguido una guerra de precios por parte de las grandes multinacionales, protestas por parte de los quiosqueros (que han visto cómo el propio Ejecutivo daba un paso atrás permitiéndoles vender las cajetillas en máquinas expendedoras), la permisividad de la gran mayoría de hosteleros, que recelan de cambiar sus locales para adaptarse a los nuevos tiempos o, incluso, el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid de suavizar en fiestas, bautizos y comuniones la rigidez de una ley que ha nacido sin presupuesto económico.

Hacienda recauda 4.900 millones por la tasa especial sobre el tabaco, más otros 1.262 en concepto de IVA, sin contar otros ingresos fiscales derivados de la actividad de las empresas del sector y de los casi 100.000 empleos directos e indirectos que genera la industria tabaquera. ¿Por qué al buen fin que pretende la ley no se aporta un montante económico para que no se quede todo en agua de borrajas? Así, los ayuntamientos de la Bahía de Cádiz se escudan en que es competencia de la Junta de Andalucía imponer sanciones a los infractores, y la Administración autonómica aún no ha redactado ningún reglamento para regular las multas.

Lo más positivo para acabar con los malos humos es, sin duda, lo que está ocurriendo en centros de trabajo públicos y privados, la gran mayoría de los fumadores cumplen las severas restricciones legales, incluso con datos muy esperanzadores sobre el número de abandonos voluntarios de este mal hábito. El clima de respeto hacia los no fumadores, en fin, ha acentuado la educación que muy pocos imaginaban en nuestra sociedad. Sólo faltan medios económicos para que la ley, además, resulte eficaz.