Retrasos de seis meses en las notificaciones judiciales obligan a suspender varios juicios

Durante los últimos meses son varios los juicios que han tenido que suspenderse en la provincia debido a que las notificaciones para citar a los testigos o incluso a las partes nunca llegaron a su destino. Esta situación supone un perjuicio para los implicados y para la propia Justicia.

Las causas de las demoras se deben principalmente a dos factores, según manifestó a LA VOZ el presidente del Colegio de Procuradores, José Eduardo Sánchez Romero. En su opinión, «la huelga de los funcionarios judiciales que tuvo lugar el pasado verano y la dispersión que existe en los juzgados son algunas de las causas de los retrasos».

«En los juzgados de Primera Instancia, la incidencia que tuvo la huelga se está notando ahora mucho. Existe trabajo acumulado que funciona como un lastre», destaca Sánchez, quien reconoce que «el hecho de que el Servicio Común del partido judicial de Cádiz -ubicado en la primera planta de los juzgados de San José- asumiera todas las notificaciones para la capital con tan sólo 21 funcionarios resultó fatal, especialmente durante el tiempo que duró la huelga».

Las notificaciones no llegan a todas las partes que intervienen en un proceso y se debe suspender el juicio. «Se van acumulando los viejos con los nuevos y se forma un atasco generalizado», señala el titular del Colegio de Procuradores.

La suspensión de un juicio supone dos o tres meses más. Concretamente en el Juzgado número 5, que está instalado en la Cárcel Real, se han tenido que suspender varios juicios y actos de conciliación por no haber podido citar las partes. «Yo, por ejemplo, tengo un acto de conciliación que estuvo señalado para el pasado mes de julio y todavía no se ha celebrado, puesto que se ha suspendido en dos ocasiones», explica el titular del colegio de procuradores.

Por otro lado, la falta de infraestructuras incide directamente en incrementar este retraso. «La Ciudad de la Justicia es una necesidad imperiosa porque los funcionarios pierden mucho tiempo en trasladarse de un juzgado a otro. Lo mismo sucede con los procuradores, los abogados, los fiscales y los jueces. Hay que tener en cuenta que este es un trabajo en equipo, una cadena en donde cada eslabón va retrasando algo el procedimiento», detalla.

Hasta un año de retraso

Sánchez Romero, aunque reconoce que es difícil calcular el cómputo total en que se retrasa un procedimiento asegura que «un asunto que tendría que resolverse en tres meses se llega a demorar un año. Se va arrastrando. Es como una bola de nieve».

Para Sánchez Romero el rendimiento neto de lo que es la maquinaria de la justicia es «deficiente» y hace falta una reforma profunda de la Ley de Enjuiciamiento Civil, algo que vendría a ser la solución a todos estos problemas de retrasos y que ya está en marcha. «Se avecina una reforma muy profunda para este próximo mes de octubre, ya que la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil contempla la creación de macrooficinas que con un secretario y muchísimo más personal», acota.

Funciones y oficinas

El Servicio Común del partido judicial de Cádiz desempeña dos funciones: La de notificar y recibir todos los escritos que se presenten en todos los juzgados tanto de los profesionales, procuradores, abogados, y particulares.

El exceso de trabajo y las condiciones laborales hacen que los funcionarios mantengan ciertas discrepancias con la Junta de Andalucía. «Ante la falta de espacio tenemos que compartir mesa y ordenador con los compañeros», comentó a LA VOZ un empleado que prefirió mantenerse en el anonimato.