Alarma roja

La reforma estatutaria tendrá, políticamente, más calado, pero solucionar en la medida de lo posible la penosa situación que vive la inmensa mayoría de los ayuntamientos andaluces es de alarma roja.

Y a esa situación de emergencia total se ha llegado sin prisas y sin pausas y ante la pasividad de todos los eslabones del Poder autonómico. Marbella, Cartaya, Estepona, Beas o La Línea, entre otros muchos municipios, serían cabezas de puente de rutas procelosas por las que el poder municipal se debate entre déficits asfixiantes y la irresistible tentación de expoliar los terrenos de su término municipal para poder seguir respirando económicamente.

Y si la cuestión financiadora es una cuestión capital, no lo es menos la regeneración democrática de unos ayuntamientos permanentemente zarandeados por el obsceno espectáculo de los tránsfugas y las presiones del sector inmobiliario, capaces, éstas últimas, de poner en tenguerengue la moral más recia y el espíritu más franciscano.

En ese doble espejo de afilados bordes se erige el ayuntamiento marbellí como el gran icono de todas las irregularidades y flaquezas materiales de los representantes municipales. Un ayuntamiento que ha recibido en sus arcas a lo largo de las dos últimas décadas centenares de miles de millones y, sin embargo, la criatura debe hasta las cuotas de la Seguridad Social de sus empleados. Una situación absolutamente inaceptable.

Y otro problema, igualmente grave, de estos ayuntamientos andaluces: el que genera en muchos de ellos la policía municipal, casi siempre dominada por pequeñas organizaciones pretendidamente sindicales que imponen sus reglas de juego'a los representantes políticos.

Dos ejemplos de estos colectivos uniformados: el de Marbella y del Sevilla. En el primer caso es más llamativo, sobre todo después del último incidente mortal, pero lo de la vieja Híspalis no es moco de pavo. Pero en Granada dicen lo mismo, y en Huelva, y , vale.