Estatuto consensuado

El Pleno del Congreso votó ayer abrumadoramente a favor de la reforma del nuevo Estatuto de la Comunidad Valenciana, elaborado a iniciativa del PP aunque desarrollado y negociado con el Partido Socialista de Valencia en un clima de consenso, que ha permitido un proceso ágil y con escasa conflictividad política. El procedimiento y desenlace del Estatuto de Valencia contrasta vivamente con las vicisitudes de la reforma catalana, carente de consenso con el principal partido de la oposición y lastrado por el enorme desgaste político que ha afectado especialmente al partido en el Gobierno y al tripartito catalán, pero también a la oposición.

El Estatuto valenciano define a la comunidad autónoma como «nacionalidad histórica» dentro de la «nación española», aunque se ha suprimido la mención a la «indisoluble unidad de la nación española» que figura en el Estatuto todavía vigente. Se mencionan los derechos históricos en «plena armonía con la Constitución» y se refuerza el concepto de «idioma valenciano», al no prosperar los intentos del PSOE de suprimirlo bajo la presión de las minorías. La Comunidad Valenciana se dotará de un denominado «Servicio Tributario Valenciano», que evita competir con la Agencia Tributaria estatal con competencias aún poco detalladas para permitir su engarce con la legislación estatal y, en materia de Justicia, se anuncia la creación de un Consejo de Justicia, que habrá de establecer su encaje jurisdiccional y a la que se debería acomodar el Estatuto catalán. Entre las características más reseñables del nuevo Estatuto, destaca la inclusión de una carta de derechos sociales y prestaciones públicas, con mención expresa a derechos relativos a la salud, la vivienda, el medio ambiente, la igualdad de género, en línea con las tendencias de renovación y modernización de la mayoría de las cartas autonómicas.

El Estatuto valenciano, que siempre fue visto como el gran precedente al que se acomodarán las restantes comunidades autónomas, tiene su mejor virtud en el consenso conseguido para su elaboración y aprobación. Y debería haber servido también de referencia al Estatuto de Cataluña, que ha comenzado a transitar por la Comisión Constitucional. El éxito del Estatuto valenciano, elaborado con diligencia y gran apoyo político y social, debería auspiciar, además, la reflexión de los dos grandes partidos sobre la inalienable necesidad de que el mismo consenso que ha sustentado esta reforma sea la pauta de toda la reforma territorial, si el objetivo que se persigue es dar un impulso global al Estado de las Autonomías y se trata de evitar la reapertura de la eterna pugna entre modelos territoriales.