Tres empresas indemnizarán con más de 10 millones de euros a las víctimas del Yak-42

El juzgado de primera instancia número 2 de Zaragoza ha condenado a las tres empresas responsables del vuelo Yak-42 a pagar una indemnización global de más de 10 millones de euros a los familiares de los 62 militares que fallecieron al estrellarse el aparato en Turquía cuando regresaban a España desde Afganistán.

En una larga sentencia, que se ha hecho pública hoy y en la que se estiman parcialmente las demandas de las familias, el juez pormenoriza las cantidades que recibirán los familiares de las víctimas y que oscilarán entre los 8.856 euros y los 131.000, dependiendo del grado de relación con la persona fallecida. El primer juicio civil por este caso se celebró en una sala especial habilitada en la Feria de Zaragoza los pasados días 24 y 25 de enero, y en el mismo las familias solicitaron unos 60 millones de euros en indemnizaciones a la compañía aérea Ukranian Mediterranean Airlines (UM Air), a la contratista del vuelo Chapman Freeborn y a la reaseguradora Busin Joint-Stock Insurance.

Los más de diez millones de euros que deberán pagar las citadas empresas están muy lejos de lo que pidieron las familias, pero en la sentencia se explica que atender a la indemnización solicitada por ellas es "claramente desorbitante" y "discriminatorio" respecto a otros fallecidos también en circunstancias trágicas. Así, teniendo en cuenta el baremo de la Ley 30/95, el juzgado establece "que los perjudicados de cada víctima, con independencia de sus componentes, cobren como mínimo la suma de 130.000 euros"; que no se indemnizará a los hermanos mayores de edad de las personas fallecidas y que todos los hijos, sea cual sea su edad, cobrarán, al menos, 44.281 euros.

Además, se establece el pago de otros mil euros por víctima por todos aquellos objetos personales que portaban los militares en el momento del accidente y que no se pudieron recuperar, tales como relojes, joyas, ordenadores, cámaras fotográficas o ropa, entre otros artículos. El vuelo, en el que los militares regresaban de una misión humanitaria en Afganistán, era un transporte aéreo de carácter internacional y no militar sometido al Convenio de Varsovia, que fue admitido por las partes codemandadas personadas (UM Air y Busin Joint-Stock Insurance), sostiene el juez.

Argumentos de la sentencia

El magistrado Ángel Dolado entiende que la compañía aérea ucraniana y la reaseguradora Chapman Freeborn tienen responsabilidad civil ilimitada en el accidente, mientras que la reaseguradora, "responsabilidad limitada hasta el límite máximo". Según la sentencia, y basándose en el informe de la Comisión de Investigación de Turquía y en el informe pericial de uno de los peritos que testificaron en el juicio, el piloto e investigador de accidentes aéreos Orlando Jiménez, el ingeniero de vuelo tenía caducado su certificado profesional y médico, y el registrador de voz de la cabina de pilotaje no tenía datos y estuvo inoperativo durante los 45 días anteriores al accidente.

Asimismo, sostiene que la torre de control asignó una pista al Yak-42 que fue posteriormente modificada ya que hubo un cambio de dirección y velocidad del viento; que el sistema de aviso de proximidad al suelo funcionó perfectamente aunque los pilotos no reaccionaron a tiempo y que la tripulación, en la última fase del vuelo, no era consciente de que estaban volando sobre una zona montañosa y no sobre el mar, como creían, por lo que tomaron un rumbo equivocado. Otras de las conclusiones que quedan reflejadas en la sentencia es que la tripulación llevaba más de 23 horas de servicio y que el factor cansancio hizo mella y se reflejó en el comportamiento posterior de todos ellos, la falta de formación básica ofrecida por UM Air a sus trabajadores para volar en estas zonas montañosas y la ausencia de aplicación de los procedimientos de la gestión de recursos en cabina, que impidió la ruptura de la cadena de errores.

Para el juez, no queda probado, sin embargo, que los controladores aéreos turcos cometieran errores técnicos que condujeran a los pilotos al resultado trágico final, como pretendía demostrar la defensa de las compañías demandadas. La sentencia, que estima parcialmente las demandas de las familias, fue hecha pública hoy, dieciséis días después de que quedara visto para sentencia el juicio, en el que los abogados de las familias reclamaban la plena responsabilidad de las tres compañías y la defensa su exoneración total.