Camino a la igualdad

La ley de igualdad presentada por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales es, como corresponde al momento de preparación en el que se encuentra, un borrador abierto a un debate de indudable interés popular que será previsiblemente intenso y que no debería salirse de los parámetros del respeto y la eficacia social. Pese a cierta grandilocuencia en la denominación del proyecto, Ley de Garantía de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es indiscutible que a nadie le debe dejar indiferente una iniciativa encaminada a erradicar la discriminación de la mujer en la sociedad actual. Es por ello que, tratándose de un texto que previsiblemente recibirá luz verde del Consejo de Ministros dentro de un mes, sorprende que el ministro Jesús Caldera sólo haya presentado la parte que se refiere a la aplicación en el ámbito laboral y se desconozcan aún las medidas antidiscriminatorias que se preparan en el resto de actividades sociales o políticas; normas que como en el caso de la exigencia de paridad en puestos de decisión, van a tener una evidente repercusión en el mundo laboral.

Del borrador dado a conocer, con algunas propuestas discutibles por equívocas o confusas, merece la pena destacar -positivamente- que sea menos intervensionista y ofrezca disminución de celo regulador de lo que se venía anunciando en los últimos meses; o que el propósito declarado de la futura ley sea terminar con situaciones que discriminen por razón de sexo a mujeres pero también a los hombres. Ahora bien, reconociendo que la futura legislación modifica acertadamente algunos aspectos de los permisos de paternidad y lactancia, no hubiese estado de más haber incidido con mayor ahínco en la conciliación de vida laboral y familiar y en la equiparación salarial. Estas cuestiones, junto a la modificación de actitudes tradicionales del hombre para corresponsabilizarse en tareas del hogar, deben ser los objetivos prioritarios de la igualdad que se pretende. Y para ello se necesita mucho más de una decidida actuación en el campo de la pedagogía que en el de las normativas publicadas en el BOE. Además, la puesta en marcha de las medidas anunciadas, sobre todo las referidas a la empresa privada, ha de ser rigurosa y absolutamente respetuosa con los legítimos ámbitos de decisión. Porque sólo en la medida en que la ley muestre que no va contra nadie, sino a favor de equilibrar lo que no estaba, será asimilada sin mayores problemas por el conjunto social.