Incertidumbre financiera

La reunión del vicepresidente económico, Pedro Solbes, y el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, con los consejeros de Economía de todas las Comunidades Autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del Estado parece responder al interés del Gobierno de trasmitir, al conjunto del Estado, la imagen de que la financiación de Cataluña no es un asunto que se pueda fijar bilateralmente en el futuro Estatuto de Autonomía de esa comunidad, sino que será negociado multilateralmente con todas las demás autonomías de régimen general.

Como era en cierto de modo de prever, la reunión, evidentemente prematura, arrojó los primeros desencuentros porque las administraciones autonómicas exigieron conocer los términos concretos del acuerdo entre Rodríguez Zapatero y Mas, del que naturalmente dependerá la cesta de impuestos que propondrá el Gobierno en el nuevo sistema de financiación. Y como o podía ser de otra manera, el vicepresidente del Gobierno echó balones fuera intentando que el debate sobre el Estatuto catalán no se pusiera indirectamente sobre la mesa del Consejo y la presión de las comunidades pudiese de alguna manera condicionar el acuerdo ya fijado en la cumbre de Moncloa del 21 de enero, que en las próximas semanas se retocará en la Comisión Constitucional. Solbes ofreció así a los responsables autonómicos una reunión informal con el secretario de Estado de Economía, que sus interlocutores no aceptaron. En cualquier caso, se creó un grupo de trabajo, formado por tres representantes del Gobierno y uno de cada comunidad autónoma, para analizar el sistema actual -aprobado en 2001- y efectuar propuestas de mejora, siempre en el curso del primer trimestre. Desde entonces, hasta septiembre, tendrá lugar un «debate técnico» entre las partes, concluido el cual el Gobierno presentará una propuesta de renovación del sistema antes de fin de año, que habrá de plasmarse durante 2007 en una nueva reforma de la Ley Orgánica de Financiación, que coronará asimismo el Estatuto catalán y los que se hayan aprobado hasta entonces, y servirá de marco a los siguientes.

Aunque la falta de transparencia que ha caracterizado el pacto Gobierno-CiU impide todavía conocer con detalle cuál es el modelo de financiación que propondrá el Ejecutivo, es muy importante que el Consejo de Política Fiscal tenga desde el primer momento el exigible protagonismo con el fin de que la fórmula que finalmente se adopte sea equilibrada y satisfactoria para todas las partes. En especial, resulta indispensable asegurar que el Fondo de Suficiencia, que garantiza que todas las CC AA puedan financiar sus servicios esenciales, dispondrá de suficiente dotación, con independencia de que, como ya ha anunciado el titular de Economía, se incremente muy sensiblemente el Fondo de Compensación Interterritorial para paliar el efecto negativo de la progresiva pérdida de los fondos europeos de cohesión.