La Junta incluirá al Estado en su demanda contra las tabaqueras

David continúa su lucha contra Goliat. El papel de débil lo asume en este litigio la Junta de Andalucía que mantiene su empeño judicial en que las seis compañías tabaqueras más importantes del mundo -cada una de ellas dispone de un presupuesto mayor que el de la propia Junta- costeen parte del gasto sanitario que el consumo de sus cigarrillos ha provocado a la sociedad andaluza.

El segundo revés judicial en cuatro años no ha desanimado al Gobierno andaluz que continuará con su demanda contra las multinacionales del tabaco, pero en la vía contencioso-administrativa. Se trata en realidad de avanzar en el camino marcado por la Audiencia Provincial de Madrid que ha descartado que la vía civil sea competente para dicha denuncia.

El fondo de la querella

Así lo anunció ayer Gaspar Zarrías, consejero de Presidencia, quien destaca que ninguna de las dos resoluciones judiciales de las que ha sido objeto la demanda contra las tabacaleras se pronuncia contra el fondo de la querella. Por ello, entiende, que no se puede hablar de fracaso.

La Junta de Andalucía se habría planteado más seriamente abandonar esta acusación si algún juez hubiera deslegitimado el informe científico que avala sus tesis. Zarrías concluye que, como nadie ha puesto en duda el rigor de los estudios que acompañan a la delación, se debe mantener la confianza en que el Servicio Andaluz de Salud recibirá la compensación económica cifrada para los 135 casos que se acreditan en la denuncia y que asciende a 1,7 millones de euros.

El próximo paso que va a dar el Gobierno andaluz en esta disputa supone enfrentarse con el Estado. Si prospera la vía contencioso-administrativa, el Gobierno central tendrá que responder por la época en la que ostentaba el monopolio tabacalero en España -mediante Tabacalera-. Este hecho se produce justo cuando el Ejecutivo ha emprendido acciones contundentes encaminadas tanto a velar por la salud de los que fuman, como a preservar los derechos de los que no lo hacen.

Desde la Junta de Andalucía se entiende que la supuesta responsabilidad del Gobierno se limitaría a su dominio fiscal en los ingresos por la venta de cigarrillos y nunca se le podría considerar culpable, según estas fuentes, de la utilización de productos presuntamente nocivos por la salud por parte de las firmas Bristish American Tobacco, Cita, Altadis, Tobacco Canary Island, Philipo Morris Spain y JT, que son las empresas demandadas -entre ellas controlan el 90 por ciento de la producción mundial-.

Estas multinacionales intentan evitar a toda costa que triunfe esta demanda, que se denomina en términos jurídicos como gancho, porque si prospera, le seguirán otras muchas desde toda España. «Estamos abriendo un camino por donde otros podrán circular», apostilló Zarrías.

El Gobierno autonómico quiere demostrar ante los tribunales la relación causa-efecto entre el consumo del tabaco y el desarrollo de determinadas patologías como: enfermedad pulmonar obstructiva osea, el infarto de miocardio o el cáncer de pulmón.

En España, la Ley General de Sanidad obliga a las administraciones a resarcirse de los gastos causados por un tercero en el tratamiento de la salud pública.