Las instituciones deberán hacer públicos sus contratos de publicidad
La medida tendrá efectos retroactivos desde junio de 2005, fecha en que se aprobó la ley
Actualizado: GuardarSaber cuánto cuesta una campaña institucional de publicidad o quién se le adjudica será tan fácil como leer el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía -BOJA- o conectarse a través de Internet en cualquier página web de los diferentes organismos, instituciones y entidades de la Administración autonómica.
Esta es la consecuencia más directa del decreto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno para desarrollar las medidas de transparencia previstas en la Ley reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía aprobada en junio del pasado año. Este reglamento forma parte del paquete de actuaciones del denominado impulso democrático, que fue uno de los ejes de la última campaña electoral del presidente Manuel Chaves.
Todas las consejerías y empresas públicas de la Junta comenzarán a cumplir con este requisito a partir de que se publique en el BOJA. Gaspar Zarrías, consejero de Presidencia, explicó que tendrá carácter retroactivo. Esto supone que se van a conocer todos los acuerdos entre la Junta y los medios de comunicación desde que se aprobase la mencionada ley, en junio de 2005.
Tardanza
La oposición parlamentaria -sobre todo el PP- había criticado la tardanza en poner en práctica este precepto. Zarrías responde que se han seguido los pasos habituales en este tipo de tramitaciones. Pone al acento en el hecho de que la Junta va a publicar todos lo contratado desde junio de 2005, con lo que nadie podrá achacarles que han tenido que esconder algo.
El consejero de Presidencia, por contra, desafió a los populares a que aquellas ciudades andaluzas de más de 50.000 habitantes donde gobierna el PP -lo hace en once- sigan el ejemplo de la Junta y sus alcaldes hagan públicos todos sus contratos publicitarios desde la misma fecha. El decreto explica que la disposición hace referencia a los ajustes firmados pro valor superior a los 30.000 euros.
De igual modo, la Administración autonómica deberá informar sobre las subvenciones y ayudas que conceda a medios de comunicación, agencias o empresas del sector.