La burocracia europea impide el refuerzo de la cooperación frente a Al Qaeda

El Gobierno se ha topado con la burocracia europea a la hora de promover varias de las recomendaciones de la comisión del 11-M para mejorar la lucha contra Al Qaeda. Los responsables de Interior y Justicia se muestran «muy satisfechos» del «alto grado de cumplimiento» de las medidas internas como el reforzamiento de las unidades policiales especialistas en el terrorismo islámico o la mejora en el control de los integristas encarcelados, aunque admiten encontrarse con todo tipo de trabas para lograr una mejor coordinación con los socios europeos. Medio año después de que el Parlamento aprobara las conclusiones de la comisión de investigación y a punto de cumplirse dos años de la masacre, todavía hay una veintena de recomendaciones en las que apenas se ha avanzado.

Los documentos oficiales desvelan que la mayoría de estas medidas tienen que ver con la coordinación con otros países de la UE. Los problemas son incluso de concepto: España, a pesar de la petición del Congreso, todavía no ha propuesto al Consejo de Ministros europeo la «armonización de la legislación para definir los delitos relacionados con el terrorismo».

Propuestas aplazadas

Esas diferencias en las legislaciones nacionales y los «debates teóricos» sobre qué es terrorismo -dicen fuentes de la lucha antiterrorista- han hecho que España «aplace» en los foros comunitarios otras propuestas, como la creación de un fiscal europeo especialista en terrorismo o potenciar a Europol y Eurojust como instrumentos en la lucha contra Al Qaeda. De hecho, entre las recomendaciones de la comisión figuraba que el Gobierno promoviera la «revisión del estatuto jurídico» de Europol para facilitar la «mejor identificación» de los grupos terroristas.

La dificultad para plantear estas «reformas menores» ha hecho que se abandonen, otras empresas. Entre ellas: el denominado Plan Europeo de Prevención del Terrorismo, la creación de una Escuela Europea Antiterrorista, la unificación de bases de datos de los Veinticinco, la puesta en marcha de una red europea de alerta «en tiempo real» y la entrada en vigor de la cláusula de solidaridad para afrontar las consecuencias de los atentados.