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El 20% de los trabajadores de la provincia sufre acoso laboral en su puesto de trabajo

Los colectivos que suelen destapar estos casos son los funcionarios públicos de sectores como la educación, la sanidad o la administración local

SILVIA TUBIO/CÁDIZ
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Como las denuncias de los malos tratos, que se han multiplicado en los últimos años, en el caso de las víctimas de acoso laboral las peticiones de ayuda son más numerosas en Cádiz, según la única asociación de afectados que opera en la provincia. Entre un 15 y 20% de los trabajadores está sufriendo mobbing en su ámbito de trabajo en estos momentos, a juicio de la Asociación Gaditana de Ayuda a Víctimas de Acoso Laboral (Agaval). Este colectivo reconoce que falta por hacer un estudio en profundidad de la situación provincial, por eso recurre a los informes que ya se han confeccionado, de ámbito nacional.

Su presidente, Juan Pedro Rodway, fue en su día un afectado más. Con sólo 38 años, está retirado de por vida de su trabajo. «Una jubilación que resulta sorprendente a mi edad». Cayó en una baja por la continua persecución que, según afirma, sufrió como agente de la Policía Local en San Fernando por parte de sus superiores. «Pasé de ser un gran profesional a que magnificaran cada uno de mis errores; y a veces no eran ni fallos míos». Pero tras una etapa que considera negra, pudo salir hacia delante sin grandes secuelas psicológicas y sin haber perdido por el camino a su familia, «como sí le ha ocurrido a compañeros de la asociación». Dice que ahora está feliz, «con menos dinero pero con más salud».

Propuestas

Este colectivo ha solicitado sendas entrevistas con la nueva fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, y con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, para exponerles sus preocupaciones y sus propuestas, con el objetivo de frenar lo que considera «un problema que va a mayores». Según las cifras que obran en poder de Agaval, en la provincia se está produciendo un incremento preocupante en el número de casos que salen a la luz. «Yo creo que acoso laboral ha existido siempre, pero es ahora cuando la gente se anima también a denunciar más», afirma Juan Pedro Rodway. La asociación ha experimentado, desde su nacimiento hace casi un año (en el mes de marzo cumple oficialmente 12 meses desde su fundación), un crecimiento paulatino no sólo en números de socios sino también de personas que han ido atendidas. En 2005 han pasado de ser media docena de socios fundadores a alcazar los 80 miembros en la agrupación. «Muchos son víctimas y otros tantos son personas que simplemente nos muestran su apoyo». Además, en el pasado año atendieron a 155 trabajadores que buscaban en este colectivo, asesoramiento, ayuda y una vía a través de la cual solucionar sus problemas en el ámbito laboral.

En este primer año de andadura, Agaval ha constatado que por número, los que más denuncian acoso laboral son los funcionarios que pertenecen principalmente a las administraciones locales, a la sanidad y la educación. Pero esto podría esconder una realidad más dolorosa, «y es que en la empresa privada es aún más complicado que un trabajador denuncie a un superior por acoso. El miedo a perder un puesto de trabajo es permanente, mientras que el funcionario está más resguardado en ese sentido».

En cuanto al sexo de los afectados, existe muy poca diferencia, aunque los casos de acosados son ligeramente superiores a los de acosadas, según la experiencia de Agaval. «Hay que destacar que en algunos casos el acoso sexual es el desencadenante del acoso psicológico ya que la víctima no atiende a los deseos del acosador, convirtiéndose así de persona deseada en persona non grata y por consiguiente, machacada sin límites». Este tipo de abusos es más común que lo padezcan las mujeres que los hombres.

Entre las demandas que tiene este colectivo y que quiere trasladar a la nueva fiscal jefe o al Defensor del Pueblo Andaluz es la implantación en el sistema legal español de una legislación «contundente, clara y que no genere ningún tipo de dudas en su interpretación» para frenar lo que consideran una auténtica lacra social. «Por ahora la mayoría de las demandas son tramitadas por la vía de lo laboral y pocas veces se hace por lo penal. Si se castigara más al acosador y se preservara más a la víctima, se reduciría el número de casos».