Rajoy tacha de «vergüenza nacional» la política antiterrorista del Gobierno
Asegura que la estrategia de Zapatero pasa por «ceder» ante la banda y su entorno y «mendigar una tregua» De la Vega le aconseja que «pase de las mesas pepitorias a las de trabajo»
Actualizado: GuardarEl cruce de acusaciones entre dirigentes del PP y del PSOE no cesa. Ayer, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, arremetió de nuevo contra el Gobierno y lanzó sus más duros ataques, en esta ocasión, contra la estrategia antiterrorista de José Luis Rodríguez Zapatero, que tildó de «vergüenza nacional». Unas críticas que, a juicio de la vicepresidenta primera, muestran la «voracidad sin límites» del Partido Popular en sus intentos por desgastar al Ejecutivo.
Durante la clausura de un acto de su partido en Huesca, Rajoy acusó al presidente del Gobierno de modificar la política antiterrorista de José María Aznar y de haber dinamitado el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Un acuerdo que, defendió, sirvió para debilitar a ETA, incluir a Batasuna dentro de las listas internacionales de organizaciones terroristas y para expulsar a la formación de Arnaldo Otegi de las instituciones.
Ante varios centenares de simpatizantes, el líder de los populares atribuyó al jefe del Ejecutivo la responsabilidad de que el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) esté presente en las instituciones y que haya podido condicionar la elección del lehendakari además de la presidencia del Parlamento autonómico.
También acusó a su rival político de haber estado dispuesto a permitir que Batasuna celebrara un acto público el pasado mes de enero a pesar de estar ilegalizada y mostró su satisfacción después de que la Justicia lo impidiera porque, defendió, eso demuestra que «la ley está por encima de todos, incluso por encima de Zapatero».
A juicio de Rajoy, la política antiterrorista del Ejecutivo socialista es una «vergüenza nacional» que consiste en «ceder» ante ETA y su entorno, así como «mendigar una tregua». La última de esas cesiones sería, en su opinión, el cese del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño.
Rajoy tuvo también palabras para el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y consideró que éste debe ser cesado o dimitir ante el apoyo dado por la fiscalía a un recurso del terrorista Henri Parot que plantea su salida de prisión en 2009 y la falta de respuesta al anuncio de inminente libertad condicional para el etarra Domingo Troitiño. Rajoy se refirió a la gravedad de las condenas dictadas contra Parot, autor de 82 asesinatos, y Troitiño, responsable del atentado de Hipercor en Barcelona, e instó al Gobierno a actuar con «responsabilidad» y a ajustar sus decisiones a la ley para evitar «situaciones grotescas».
«Tremendismo»
Mientras, María Teresa Fernández de la Vega respondió a las críticas del líder de la oposición y le acusó de tener una «voracidad sin límites» a la hora de desgastar al Gobierno. La ministra de la Presidencia pidió a Rajoy que deje a un lado el «tremendismo» y que dedique sus energías a «trabajar» en vez de insultar y descalificar al Ejecutivo. La vicepresidenta primera del Gobierno reclamó al líder popular que «pase de las mesas petitorias a la mesa de trabajo» y que «se una a la voluntad de la mayoría en todos los temas que importan a España».
En Jaén, donde presentó un programa de medidas gubernamentales para mejorar la situación de la provincia, la número dos del gabinete socialista denunció que la estrategia de oposición del PP en ocasiones es «patética» y en otras «irresponsable». «En todo caso es tan inútil como poco verosímil».
Según Fernández de la Vega, la lucha del Gobierno frente a ETA no ha cambiado ni cambiará hasta que la banda abandone definitivamente el terrorismo y Batasuna condene la violencia. No obstante, y a pesar de recalcar que todavía no se han producido esos cambios, reconoció que el Ejecutivo explorará la posibilidad de abrir un proceso de paz y hará «todos los esfuerzos» para acabar con el terrorismo etarra. Por último, insistió en que el Gobierno seguirá «luchando en la misma política antiterrorista de presión policial, detención de terroristas y cooperación internacional».