Fungairiño fuera

La decisión del Fiscal general del Estado de relevar a Eduardo Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, es un gesto que trasciende claramente del traslado rutinario de un funcionario público. Basta echar un vistazo a la controversia política que su dimisión ha provocado para darse cuenta de ello. Sintomático es que la desaparición de la escena judicial de Fungairiño haya sido aplaudida por el líder nacionalista catalán, Carod Rovira, que la ha calificado de «buena noticia», y por los portavoces del PNV; mientras que desde el PP, por boca de Ángel Acebes, o los portavoces de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, se haya interpretado el mismo hecho como una clara claudicación frente a ETA.

La realidad es que el perfil del ex fiscal de la Audiencia Nacional ofrece pocas dudas en cuanto a que ha encarnado una inequívoca línea de dureza en la persecución del terrorismo y la kale borroka, que le convirtió en uno de los mayores exponentes de la firmeza judicial frente a la violencia etarra. Igualmente, su figura ha sido también inseparable de la persecución del crimen de Estado, liderando hace ya algunos años el grupo de fiscales cuya rebeldía frente a sus superiores les valió el calificativo de «indomables». Su papel en la extradición de Pinochet y sus tesis contrarias a la persecución en España de delitos de genocidio le granjearon, sin embargo, el rechazo de los sectores más progresistas. A la vista de tales antecedentes, pretender explicar el relevo de una figura tan controvertida mediante la invocación de las meras razones personales, era una estrategia tan cómoda como inviable. Sólo han tenido que pasar unas horas desde que trascendiese la noticia para que el propio Conde-Pumpido haya tenido que explicar que la dimisión fue forzada por él mismo, ante las continuas muestras de deslealtad de su subordinado. Ha añadido el fiscal general que la pérdida de confianza y el deseo de tener a un hombre en sintonía con sus criterios, están en el germen del cese. Pero el régimen jurídico de los fiscales jefes no conoce la remoción por pérdida de confianza del fiscal general. La invocada confianza del fiscal general es un mecanismo de legitimación de determinados cargos públicos que nada tienen que ver con la función constitucional del ministerio fiscal. Los fiscales jefes son nombrados por un período de cinco años, transcurridos los cuales pueden ser confirmados o relevados. Si Cándido Conde-Pumpido tenía pruebas de la deslealtad de Fungairiño, debió hacer uso de ellas, no para forzarle a la dimisión, sino para incoar un expediente disciplinario que acabara con su traslado forzoso. Si se acepta a partir de ahora que cualquier fiscal general -el de ahora y quienes le sucedan- puede conformar el organigrama del ministerio fiscal a su antojo, estaremos introduciendo una peligrosa grieta en la tarea constitucional de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad.