La pauta valenciana

Tras un inoportuno forcejeo que a punto ha estado de frustrar el acuerdo, PP y PSOE han recompuesto definitivamente el consenso en torno a la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, desde ayer a debate en el Congreso. El entendimiento indica que todavía quedan restos de sentido común en los negociadores de ambas partes y, sobre todo, que los dos grandes partidos continúan convencidos de la necesidad de que los asuntos que se refieren a la estructura del Estado y rozan la materia constituyente, sean resueltos de común acuerdo, tanto por preservar las esencias y la integridad del régimen cuanto para asegurar la estabilidad institucional, que queda así salvo de vaivenes y alternancias.

La reforma del Estatuto valenciano es la primera que se suscita en una comunidad no histórica, por lo que inevitablemente servirá de pauta a las restantes en un proceso que aparece ya imparable y que se extenderá a todo el mapa autonómico español. Más allá de la llamada cláusula Camps, de problemática constitucionalidad pero de gran calado político y que lo vincula al futuro estatuto catalán al disponer que las Cortes valencianas promoverán una reforma estatutaria cada vez que una comunidad autónoma asuma una competencia no prevista en su Estatuto, el ejemplo valenciano hace patente lo que ya se sabía: el sin sentido de plantear las reformas estatutarias aisladamente, sin una visión global del conjunto.

En esta línea, comenzaron también ayer los contactos Rubalcaba-Zaplana sobre el Estatuto catalán, a punto de ingresar en la Comisión Constitucional, en los que el PP puso sobre la mesa las diez líneas rojas que a su juicio no debería traspasar la reforma catalana para que el consenso sea posible. Si se realiza un análisis desapasionado del documento del PP, se llega a la conclusión de que en los aspectos realmente relevantes -eliminación del blindaje de las competencias, oposición a la bilateralidad o multilateralidad del modelo de financiación- la postura popular no está realmente lejos de la que han concertado el Gobierno y CiU, tras prescindir de ERC. En suma, el consenso ya cuajado en torno al Estatuto valenciano y la desactivación sustancial del texto surgido del Parlamento catalán, mediante el acuerdo conseguido entre Gobierno y CiU, sugiere la conveniencia de que las dos grandes fuerzas abandonen su impostada beligerancia y desciendan cuanto antes a una negociación que establezca las líneas maestras de una reforma territorial que debe estabilizar al país.