El PP refuerza su campaña de firmas contra el 'Estatut' con la visita de Acebes

En un estrecho margen de sólo 48 horas, la plana mayor del PP ha recalado en la provincia para impulsar su campaña de recogida de firmas en contra del Estatut catalán. A la visita del pasado martes a Cádiz del presidente popular, Mariano Rajoy, seguirá en la tarde hoy el desembarco en La Línea y Algeciras de su segundo de a bordo, el secretario general Ángel Acebes, que estará acompañado por el presidente del PP andaluz, Javier Arenas.

Este esfuerzo de los populares parece estar teniendo sus resultados. En la mesa que inaugurara Rajoy con su rúbrica, en las primeras horas de su apertura se recibieron hasta 3.000 firmas, que ascendieron hasta 8.400 al cierre de la jornada del martes en toda la provincia y que podrían haber incrementado hasta 15.000 en el día de ayer.

En cuanto a esta concentración de altos dirigentes del PP en Cádiz y en La Línea, el PSOE e IU advirtieron ayer otros matices políticos distintos al fin perseguido. Desde las filas socialistas, el secretario de organización, Juan Cornejo, interpretó que la clave sea movilizar de cara a 2007 a los votantes de los alcaldes de ambas ciudades, Teófila Martínez y Juan Carlos Juárez, que lideran la lista de los regidores más votados de España, y prospere la «obsesión» de Sanz de gobernar en la Diputación.

Desde IU, Ignacio García, sospechó que la presencia en esas dos ciudades sea porque el PP cuenta con la infraestructura municipal o porque tal vez, no cuente con el mismo respaldo en otras provincias.

En lo que sí coincidieron ambos dirigentes es en que, aparte de pervertir el sistema con una campaña que calificaron de «rebeldía institucional», «engaño» y «falta de seriedad» por perseguir un fin de manera «ilegal», la visita del ex ministro popular de Justicia e Interior a La Línea no es fortuita. A su entender, puede venir a avalar la figura y la gestión del alcalde linense, enfrascado en «escándalos» judiciales, y que precisamente ayer anunciaba que agotaría todas las vías para evitar la permanencia en prisión de dos agentes de la Policía Local condenados por el Tribunal Supremo a tres años de privación de libertad por detención ilegal y agredir a un ciudadano.