Los sueldos de los políticos

La página web del Congreso incluyó ayer las remuneraciones que perciben los diputados no a título nominal sino en función de sus cargos. Puede que algunos crean que se trata de un ejercicio de demagogia destinado a facilitar la morbosa curiosidad de las gentes, ya que esa misma información figura cada año en los Presupuestos Generales del Estado. Para otros es una sana gimnasia democrática que pretender acercar a todos los ciudadanos lo que cobran sus representantes. Quien recuerde el escándalo que provocó la publicación de las listas de Hacienda en 1979 o la irritación que siguió a la de ciudadanos que poseían Pagarés del Tesoro legalmente opacos en 1986, el conocimiento público de las percepciones de los políticos resultará irrelevante en comparación con la de las rentas anuales del trabajo y del capital o la del patrimonio fiscalmente oculto. Pero lo que en realidad destapa esta información es la relativa modestia de las remuneraciones de los representantes populares en comparación con la de dirigentes de empresas privadas, la holgura con respecto a los salarios medios y la barahúnda de dietas, gastos de viaje, alojamiento y manutención, complementos del cargo, subvenciones y acceso a pensiones.

Para quienes cumplen puntualmente su misión en dedicación exclusiva y tienen una profesión en la que han destacado profesionalmente, esas percepciones podrían ser un sacrificio personal de notable mérito. Quienes, en cambio, han llegado al cargo por su inclusión en una lista cerrada y bloqueada que desvirtúa su calidad de candidato elegido, ejercen el absentismo, ostentan cargos sin la capacidad adecuada o utilizan su escaño como trampolín o lobby, saben que la remuneración es inmerecida. Por lo demás, toda retribución percibida en razón de un cargo político debe estar sometida a criterios de absoluta transparencia y control. Así, las dietas y demás remuneraciones afines deben estar perfectamente definidas ex ante y fiscalizadas ex post.