El partido de Piqué no recogerá firmas en la calle por miedo a las agresiones

El PP de Cataluña teme que hacer una campaña de recogida de firmas en la calle a favor del referéndum sobre el Estatut degenere en agresiones a sus militantes. Por este motivo, ha decidido que no habrá actos callejeros de propaganda ni en lugares públicos de ninguna ciudad catalana por «una cuestión de prudencia» y de «seguridad».

Fuentes del partido opositor señalaron que «en Cataluña siempre es complicado que este partido organice actos públicos en la calle porque suele ser el blanco fácil de algunos sectores radicales y violentos, y mucho más si se trata de recoger firmas para un tema tan delicado y sensible como el referéndum sobre el Estatuto».

Para evitar problemas, los populares catalanes, con su presidente, Josep Piqué, a la cabeza, han decidido que sólo recogerán firmas de adhesión al referéndum en el centenar de sedes que el PP tiene en Cataluña, a través de Internet y en actos con militancia en lugares cerrados al público. De hecho, todas las sedes del PP catalán disponen ya de los impresos para recoger firmas y también ha adaptado la web del partido para recoger el máximo número de adhesiones.

Piqué aprovechará mañana la inauguración de una nueva sede del PP catalán en la localidad barcelonesa de Sant Andreu de Llavaneres para estampar su firma a favor de la consulta popular y dejar «claro, una vez más», su «apoyo» a las tesis de la dirección del partido, explicaron fuentes populares.

Visita de Rajoy

Por su parte, el líder del PP, Mariano Rajoy, visitará en las próximas semanas Cataluña para impartir una conferencia económica y conceder una entrevista a la televisión autonómica. Otro de los objetivos de la visita de Rajoy, explicaron las fuentes, será «dar su apoyo político» a los dirigentes regionales y «animar a la militancia».

Piqué, a través de una carta colgada en la web del partido, pidió ayer a la militancia popular el apoyo a la recogida de firmas pro-referéndum con el argumento de que la reforma del Estatuto «supone un replanteamiento profundo de la España de las autonomías» sobre el que «los ciudadanos de toda España tienen derecho a opinar» porque a todos ellos les «afecta».