El 40% de los andaluces se considera directamente afectado por el botellón

El 40 por ciento de los andaluces se considera directamente afectado por el botellón, la mitad de ellos porque su práctica les acarrea problemas de descanso y suciedad en sus calles y el resto porque algún hijo o familiar participa en esta práctica social que se ha convertido en un «fenómeno cultural».

Ésta es una de las conclusiones de un estudio elaborado por la Junta sobre la repercusión de la futura Ley sobre potestades administrativas en materia de actividades de ocio en espacios abiertos que regulará el consumo de bebidas en la vía pública.

El informe, presentado ayer en Sevilla por la consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, señala que el 53 por ciento de los jóvenes que realizan botellón se muestran a favor de prohibir el consumo de bebida en la vía pública, mientras que el porcentaje se eleva al 76 por ciento entre los afectados.

La consejera apuntó que esta práctica social «ya no es una moda, sino que se ha convertido en una actividad cultural que dura ya más de 20 años», por lo que defendió la puesta en marcha de esta Ley, que podría entrar en vigor a finales de este año si se aprobara por trámite de urgencia en el Parlamento.

El 43 por ciento de los jóvenes que se reúnen en las plazas de las ciudades andaluzas para consumir alcohol entiende que esta práctica afecta mucho al resto de los ciudadanos, lo que, en opinión de la consejera, demuestra que los participantes en el botellón son conscientes de los problemas que acarrea su actividad, algo «sorprendente» para Naranjo.

Respecto a la aplicación de la futura Ley, la consejera explicó que las competencias recaerán sobre los ayuntamientos y administraciones locales, «aunque la Junta está dispuesta a alcanzar acuerdos bilaterales en esta materia», matizó.

La consejera, quien señaló que la Ley no incluye anexos económicos que regulen la financiación de las ciudades del ocio, señaló que la Junta colaborará si algún ayuntamiento necesita una inversión extraordinaria para trasladar el botellón a lugares que no molesten al resto de ciudadanos y en donde sería necesario implantar líneas de autobuses o distintos servicios.

Naranjo instó a los ayuntamientos a dialogar con sus ciudadanos para alcanzar acuerdos sobre la instalación de esos botellódromos, ya que la Junta «no diseñará modelos de ciudades del ocio», apuntó.

Multas

Explicó que la futura Ley incluye sanciones económicas que van desde los 600 hasta los 600.000 euros, que se impondrán de multa a los empresarios que organicen este tipo de eventos.

El estudio señala que el 88 por ciento de los jóvenes que realizan botellón aboga por que se habiliten zonas específicas para la práctica, frente al 9,6 por ciento que defiende libertad absoluta para el consumo de bebidas alcohólicas.

La mayoría de los andaluces encuestados considera que deberían ser los ayuntamientos los encargados de establecer las medidas reguladoras de la práctica, un 62 por ciento de los asistentes y un 54 por ciento de quienes los padecen, así como de vigilar su cumplimiento, un 78 y 70 por ciento, respectivamente.

En cuanto a si la nueva legislación solucionará definitivamente el problema, las opiniones de los asistentes a estas concentraciones se dividen casi a la mitad, ya que el 46,4 por ciento asume que se resolverá en gran parte o totalmente y el 51,6 por ciento restante cree que ayudará poco o nada.

Sin embargo, la mayoría considera que la aplicación de la Ley será «complicada» por el elevado número de personas que participan en el botellón y por el arraigo que tiene el consumo de bebidas en la calle en Andalucía.

El estudio se ha elaborado con los datos aportados por 800 jóvenes residentes en la región de entre 14 y 31 años y por 600 personas de más de 31 años afectados por la práctica del botellón