Más de 480 quejas al Defensor del Pueblo por la política lingüística de la Generalitat
Recuerda que el artículo 3 de la Constitución recoge la obligación y el deber de todo ciudadano a aprender el castellano y su derecho a usarlo
Actualizado: GuardarEl Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, aseguraba hoy que, en 2005, ha recibido alrededor de 50 quejas en relación a la enseñanza en castellano en Cataluña, además de unas 400 más relativas a las acciones que emprende la oficina de garantía lingüística de la Generalitat, referidas a aspectos como, por ejemplo, rotulaciones en tiendas o atención al cliente en catalán.
"Ciudadanos catalanes se han dirigido a nosotros para depositar sus quejas, en concreto 481 tanto en relación a la enseñanza en castellano en Cataluña, como en lo relativo a las acciones que emprende la oficina de garantía lingüística de la Generalitat", señalaba el Defensor del Pueblo, quien ha recomendado a la Generalitat que en los impresos de preinscripción de los alumnos de primaria se pregunte por la lengua en que los padres quieren que se les imparta la primera enseñanza e informe del derecho de los estudiantes a ser escolarizados en su idioma habitual.
Múgica ha recordado también que el artículo 3 de la Constitución Española recoge la obligación y el deber de todo ciudadano a aprender el castellano y su derecho a usarlo, y al respecto ha explicado que en Cataluña, al igual que en otras comunidades autónomas, se ha interpretado este artículo de una forma "que no ha gustado a los ciudadanos", quienes consideran que sus derechos han sido marginados. El Defensor del Pueblo agregaba que tiene el mandato de garantizar el ejercicio de los derechos mediante la supervisión de las administraciones, tanto centrales como autonómicas.
Ayer, en un auto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obligó a una escuela de Badalona (Barcelona) a dar clases en castellano de forma individualizada a un alumno de primaria cuyos padres así lo solicitaron, así como a impartir las cuatro horas semanales de lengua castellana que establece la ley.