El embajador de Venezuela asegura que el contrato de las patrulleras «sigue avanzando»

El embajador de Venezuela en Madrid, Arévalo Méndez, aseguró ayer que el contrato con Navantia para adquirir ocho patrulleras «sigue avanzando» y que «el problema» de su país se encuentra en otro contrato, el que se firmó con la empresa EADS-CASA para la adquisición de 12 aviones con tecnología estadounidense y que ha recibido el veto de Washington. Méndez aclaró que los contratos para adquirir patrulleras y aviones «son totalmente diferentes».

«El contrato para adquirir las patrulleras es entre el Ministerio venezolano de Defensa y Navantia, y sigue avanzando porque las patrulleras no tienen tecnología norteamericana y no tienen problemas de veto», indicó.

Con estas declaraciones, Méndez quiso calmar los ánimos entre España y Venezuela después de que el presidente del país, Hugo Chávez, revelara el lunes por la noche que había ordenado a su ministro de Defensa, almirante Orlando Maniglia, que se comunicara con las autoridades españolas para aclarar la situación de los contratos por los que Venezuela acordó la compra de ocho buques y 12 aviones, construidos por Navantia y EADS-CASA respectivamente, una operación valorada en 1.700 millones de euros. «Si ellos no pueden vender patrulleras a Venezuela que nos lo digan de una vez» para iniciar las negociaciones con Rusia, China, Irán o Brasil, países que también fabrican estos modelos, manifestó el presidente venezolano el lunes, durante el acto de instalación de la Compañía Nacional de Industrias Básicas.

Chávez insistió en que Venezuela «tendrá las patrulleras» que contrató con España, aún cuando tenga que adquirirlas a otra nación. «Queríamos ayudar a España», lamentó.

La empresa naval española Navantia, por su parte, salió al paso de estas declaraciones y desvinculó el contrato de venta de ocho patrulleras de vigilancia oceánica y de litoral suscrito el pasado 28 de noviembre en Caracas con el Gobierno venezolano de la venta de doce aviones de transporte militar rubricada ese mismo día por la compañía aeronáutica española EADS-CASA con el Ejecutivo que preside Hugo Chávez.

Fuentes de la compañía naval subrayaron que ambos contratos son «absolutamente independientes» y que la venta de patrulleras se encuentra ya en una fase avanzada, tras haber completado el periodo de tramitación legal requerido por Venezuela.

Las fuentes consultadas señalaron que la operación ha sido aceptada por la Contraloría venezolana, el organismo encargado de supervisar y autorizar este tipo de acuerdos comerciales, y ha sido elevada a la fase de escritura pública, último trámite necesario para culminar la venta e iniciar la construcción, previa planificación, de las patrulleras, cuyo coste inicial asciende a 1.200 millones de euros.

Penalizaciones

El hecho de haber superado la tramitación en el país iberoamericano implica que la venta de las patrulleras ha entrado ya en una primera fase, lo que conlleva que si el cliente -en este caso el Ministerio de Defensa venezolano- decide rescindir unilateralmente el contrato, debería afrontar una penalización por incumplimiento del mismo, una cantidad dependiente del gasto ejecutado por Navantia.

El propio embajador de Venezuela en España, Arévalo Méndez, quiso insistir en que el «boicot» estadounidense sólo afectaba a los doce aviones y, en ningún caso, a las ocho patrulleras de Navantia.