Los Estatutos, el PP y el PSOE

Toda España vive convulsionada en estos días viendo como dos personas, el presidente del Gobierno y el líder de uno de los dos partidos de la oposición en Cataluña, se reúnen en secreto para pactar un estatuto, el Catalán, que cuestiona los pilares esenciales sobre los que se funda el consenso social en torno a la idea de España y a su modelo territorial.

Y lo hace porque cuestiona el principio de que la soberanía recae en el conjunto del pueblo español, que la hace una e indivisible y por tanto tan sólo cabe una nación soberana posible: la nación española. También oculta, mediante una aparente reforma estatutaria, una reforma constitucional que atribuye a la Generalitat blindajes y competencias que son exclusivas del Estado, contraviniendo varias leyes orgánicas, que le permiten una relación de igual a igual que ha sido decidida por una parte y no por el conjunto de los españoles. Además, hace de la lengua un factor de discriminación que impedirá a un andaluz el acceso a la función pública en Cataluña, cosa que no le ocurrirá a un catalán en Andalucía. Así, no nos parece necesario que para defender el catalán haya que atacar la libertad individual de cada uno. Por si fuera poco, también impone un modelo de financiación bilateral que quiebra los principios de igualdad entre españoles y solidaridad entre territorios, que impedirán los objetivos de cohesión nacional. La financiación no debe establecerse unilateralmente en cada estatuto, sino por acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera donde están representadas todas las Comunidades Autónomas. Para nosotros es rechazable un acuerdo que beneficia sólo a tres comunidades, las más ricas, aunque dos de ellas estén gobernadas por el PP, y perjudique al resto, puesto que lo que hace es aumentar las diferencias entre ellas, lo que es contrario al objetivo de contribuir a la igualdad, a la cohesión social y a la solidaridad entre el conjunto de los españoles.

Desde el PP defendemos la libertad de los españoles y en particular de los catalanes ante el abusivo intervencionismo de los poderes públicos que inspira el proyecto de Estatut, que evidencia una clara desconfianza hacia la sociedad civil, la libertad de mercado y la igualdad de oportunidades y reivindicamos el espíritu de consenso que se ha mantenido desde la transición para que cualquier reforma esté avalada, al menos, por los dos grandes partidos nacionales. No ha estado tan clara la postura de los socialistas, que se ha ido modificando en función de las exigencias nacionalistas ante un presidente que ha demostrado defender más la permanencia de su partido en el gobierno que los intereses de todos los españoles. La debilidad de Zapatero nunca llegó a tanto ni con Felipe González ni con José María Aznar, que también estuvieron en minoría y supieron negociar y tener la autoridad y personalidad suficientes para que los nacionalistas limitaran sus exigencias. Tampoco Chaves ha mantenido una postura coherente con los intereses de Andalucía. Su postura ha sido contradictoria según hablara como presidente de la Junta de Andalucía o del PSOE. Ha sido tajante oponiéndose a la inclusión del término nación y a la financiación autonómica, defendiendo a los andaluces, para posteriormente desdecirse y defender los intereses de su partido tal como han hecho otros varones socialistas.

Con respecto al Estatuto de Andalucía, el PP quiere el máximo de competencias en el marco de la Constitución y también el máximo de solidaridad para conseguir una financiación del Estado garantizada y suficiente para igualarnos a las comunidades más ricas. No aceptamos la insolidaridad que nos haga desiguales ni la discriminación y lo es que Artur Mas haya resuelto en seis horas lo que Andalucía no ha conseguido en veinte años con respecto a la deuda histórica y también lo es que por aplicar criterios de PIB Andalucía pierda un 14% y Cataluña gane un 30%, lo que aumentaría aún más las diferencias entre ambas.

Ante esta situación, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha defendido el derecho de los españoles a opinar sobre lo que sucede en España y a que se les dé voz en el debate abierto sobre la reforma del modelo territorial. Por eso presentaremos una proposición no de ley en la que se insta al presidente del Gobierno a que, según la Constitución y de acuerdo con el procedimiento legalmente previsto, someta a referéndum de todos los ciudadanos la siguiente decisión: ¿Considera conveniente que España siga siendo una única nación en la que todos los ciudadanos sean iguales en derechos, obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas? Esta proposición se podría presentar directamente en el Congreso de los Diputados, pero preferimos que vaya con el aval de todos los españoles que quieran apoyarla. Para ello, ayer mismo, el propio Rajoy inició, aquí en Cádiz, una campaña de recogida de firmas cuyo objetivo es que los españoles puedan hablar y opinar de todo aquello que les afecta y quieren que sea y no lo que decidan unas cuantas personas en reuniones bilaterales.