2012, fiesta de la democracia

El artículo 12 de la Constitución Española de 1812, mucho menos citado que el que establece la obligación de los españoles de ser justos y benéficos, señala que el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. La obtención de la máxima felicidad para el mayor número posible de los individuos de una sociedad es un objetivo que rezuma pragmatismo a la par que ingenuidad, y que se situó en primer término desde el nacimiento del nuevo orden que empieza a instalarse en España con la guerra de la Independencia.

La Constitución de Cádiz fue un primer intento, y no pequeño, de perfilar jurídicamente el nuevo orden en España, que, a la postre, acabaría asentándose, con alternancias, a lo largo del siglo XIX. La Constitución de 1812 supuso un hito innegable en el proceso y a favor o en su contra se posicionaron todas las construcciones jurídicas fundamentales que vieron la luz en nuestro país durante el siglo XIX.

Es innegable que la Constitución de 1812 se erigió inmediatamente en símbolo de la libertad política, no sólo en España, sino también en las repúblicas iberoamericanas que habían iniciado, o lo iban a hacer inmediatamente, su periodo fundacional. También, como en otras efemérides recientes ya celebradas o a punto de serlo, la conexión americana es evidente. En el caso de la Constitución de Cádiz, la presencia de un buen número de diputados de ultramar aseguró el aporte americano y acentuó la influencia de nuestra primera constitución en aquel ámbito.

Sin desdeñar la capacidad de improvisación de los españoles, rasgo por el que, afortunadamente, cada vez se nos reconoce menos, las administraciones públicas no han querido fiar la conmemoración del segundo centenario de la Constitución de Cádiz al efectivo transcurso de los 200 años desde su aprobación. Porque aunque celebrar sea conmemorar, festejar y recordar lo acontecido, se pretende también hacer de la efeméride una oportunidad de aprovechar el optimismo que generará -está generando ya- la celebración del bicentenario de la primera constitución española. Es misión de los poderes públicos identificar los acontecimientos que han conformado el carácter y la Historia de la sociedad a la que sirven, y no sería fácil encontrar un evento cuya celebración concite un consenso como el que se va a producir en torno a la constitución de 1812.

Junto a la idea de planificación anticipada de la celebración hay una segunda que garantiza el éxito de la conmemoración: me refiero a la cooperación entre las administraciones públicas, que culminará con la participación, en la comisión que se encargará del aniversario, de todos los poderes del Estado. En efecto, con antelación suficiente se ha empezado a trabajar y se está a punto de perfilar la composición y funciones de una comisión cuyo objetivo será impulsar y coordinar las actividades que lleven a cabo las administraciones públicas y las entidades, públicas o privadas, e incluso los particulares que participen en la celebración.

Quizás, el precedente que se ha tenido en cuenta sea el de la comisión que en 2004 se creó para la conmemoración del cuarto centenario del Quijote; el éxito indudable de las actividades que se han realizado a lo largo de 2005 para celebrar el 400 aniversario de la primera parte del Quijote, parece haber inspirado, efectivamente, la adopción de la misma fórmula.

La comisión, cuya presidencia de honor presumiblemente ostentarán SS MM los Reyes, estará presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno y, además de la presencia del vicepresidente segundo del Gobierno y de otros Ministros, dispondrá de representaciones, al más alto nivel, del Congreso, del Senado, del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial; también contará con representación de las administraciones territoriales más directamente vinculadas con los lugares en los que se gestó el texto constitucional: Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Cádiz, ciudad de Cádiz, ciudad de San Fernando, etc. En la comisión se integrarán, finalmente, representaciones del Consejo de Estado y de la Universidad de Cádiz.

Además, resulta más que esperanzador el hecho de que se haya previsto la creación de un consorcio para la gestión de los créditos que se destinen a las actividades e inversiones relacionadas con la conmemoración. La existencia del consorcio, que es la fórmula organizativa habitual para la cooperación entre administraciones públicas, como en el caso del consorcio Valencia 2007 o de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, garantiza la aportación, por las diferentes administraciones públicas consorciadas, de los recursos presupuestarios precisos.

Se trata pues de un buen comienzo. El comienzo que merece una celebración que debe constituir un acontecimiento de especial relevancia para Cádiz, para Andalucía y para España, una fiesta de la democracia. Estoy convencido de que, con la colaboración de todos, así será.