El PP presenta votos particulares contra el 85 por ciento del Estatuto

Golpe de efecto del PP-A. No sólo regresa a la ponencia que elabora la reforma del Estatuto de Andalucía, sino que ha presentado 181 votos particulares contra el actual borrador. Esta cifra supone cuestionar el 85% del texto.

Así lo anunció ayer Antonio Sanz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, quien arremetió con dureza contra Manuel Chaves. Le recrimina que pida consenso para la modificación del reglamento autonómico andaluz a la vez que califique de inamovibles los acuerdos suscritos en la última semana con Izquierda Unida. Los populares consideran que el presidente andaluz ha reclamado la vuelta de PP y PA a la ponencia con «la boca chica». Califican la actitud del máximo dirigente del PSOE-A de error histórico al promover, según su portavoz, un Estatuto excluyente. «Impulsado por la izquierda radical y dejando fuera a los representantes políticos de casi el 40 por ciento de los andaluces», acotó Sanz.

Los ponentes del PP han elaborado una batería de votos particulares que se dividen en dos grades grupos: Reclaman 154 modificaciones al texto planteado, mientras que abogan por la supresión de 27 artículos. Sanz sostiene que estos cambios persiguen dos objetivos básicos. Lograr el mayor autogobierno posible dentro del respeto a la Constitución y apostar por un incremento de la calidad democrática dentro de Andalucía.

Ayuntamientos

Una de las grandes aspiraciones del Partido Popular es que el nuevo Estatuto andaluz sea la punta de lanza de la denominada segunda descentralización. Quieren dotar a los ayuntamientos de mayor autonomía. Para ello enumeran 22 competencias que se deberían transferir o delegar a los municipios.

Tras el acuerdo sobre el estatuto de Cataluña, los populares quieren garantías de que Andalucía no perderá ingresos ni competencias. Proponen incluir la denominada cláusula Cams -impulsada desde el Gobierno valenciano- para que las autonomías puedan reclamar competencias que no estén expresamente adjudicadas al Estado por la Constitución, independientemente de las modificaciones estatutarias.

No abandonan el caballo de batalla de la deuda histórica. Reiteran que los partidos catalanes han logrado en dos horas lo que el Gobierno andaluz lleva intentando desde hace 25 años: Que el Estado cuantifique esa deuda histórica y definir un calendario.