LA LÍNEA

El Ayuntamiento derribará viviendas ilegales en El Zabal

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El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción anunció ayer que en breve iniciará el derribo del núcleo de viviendas ilegales construidas en El Zabal. Para ello, la Concejalía de Disciplina Urbanística ya ha solicitado las correspondientes autorizaciones de entrada a domicilio al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Algeciras.

Estas demoliciones, según detalló el Ayuntamiento en un comunicado, se llevarán a cabo de forma subsidiaria a costa de los propietarios, puesto que éstos tienen los decretos de derribos ya notificados y no han llevado a cabo estas tareas.

Once años

El Consistorio linense recordó que desde principios del año 1995, es decir, desde hace once años, viene advirtiendo a los propietarios de estos inmuebles de que no pueden construir en ese suelo.

«Tenemos informes y fotografías del inicio de obras ilegales cuando comenzaron las construcciones. Aún así, siendo sancionados por esos indicios, estas personas de manera descarada han continuado con las construcciones», afirmó el concejal responsable de Disciplina Urbanística, Manuel Aguilera, quien recordó que sobre estas construcciones, al ser realizadas en suelos rústicos de especial protección agrícola, no existe ningún plazo de prescripción para perseguir estas infracciones cometidas.

Ante los reiterados incumplimientos, Aguilera anunció que se va a solicitar en esta próxima semana las indicadas autorizaciones judiciales para acometer los dos primeros derribos de viviendas ya sancionadas.

«Hace un mes se dio instrucciones a los policías de este departamento de Disciplina Urbanística para que incidieran en la zona de El Zabal. Una vez que esta Concejalía ha venido advirtiendo de la casuística que se da en ese lugar, se va a empezar a actuar con mano dura ante el reiterado y descarado incumplimiento por parte de algunos ciudadanos», apostilló el edil.

Asimismo, el Ayuntamiento linense, gobernado por el PP, quiso dejar constancia de que ya se ha procedido a sancionar a una serie de viviendas por importes que llegan hasta los 100.000 euros, encontrándose ya estos expedientes en vía ejecutiva para su cobro, así como las indicadas órdenes de demolición.