Moncloa desvincula las reformas estatutarias de los cambios en la Constitución

El Ejecutivo no alterará sus previsiones: seguirá adelante con la reforma del Estatuto de Cataluña. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega rechazó ayer la exigencia del Partido Popular y aseveró que nada en el informe preliminar del Consejo de Estado invita a supeditar las revisiones estatutarias a las de la Carta Magna.

La vicepresidenta primera desestimó así la crítica del primer partido de la oposición -que el pasado jueves acusó al Gobierno de querer empezar «la casa por el tejado»- a la vez que replicó que el proceso puesto en marcha cuenta con «cimientos muy sólidos» recogidos en la Constitución.

El documento elaborado por el órgano asesor sugiere revisar el tratamiento que la ley fundamental da al principio de solidaridad. Y dice que sería «conveniente» que la Constitución fije de «modo inequívoco» que corresponde al Estado garantizar la igualdad y «un nivel mínimo de los correspondientes servicios en todo el territorio nacional».

Además, considera que las mayorías que se exigen en las Cortes Generales para la aprobación de los estatutos de autonomía es exigua porque acaban convirtiendo la tramitación parlamentaria en una «simple fórmula de promulgación» de leyes en las que el Congreso y el Senado «no han tenido participación alguna».

Los populares sostienen que es obligado posponer el Estatuto catalán para poner en marcha una reforma constitucional que incluya estas recomendaciones. El Gobierno argumenta que el citado informe no tiene carácter vinculante y recuerda que su contenido no será definitivo hasta que no sea aprobado por el pleno del Consejo, previsto para el próximo día 16 de febrero.

En cualquier caso, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, advirtió el jueves de que el Gobierno sólo abordará las reformas constitucionales propuestas por José Luis Rodríguez Zapatero en su investidura: la inclusión de la denominación de las comunidades autónomas, la supresión de la primacía del varón en la sucesión a la Corona; la adaptación al proceso de construcción europea y la reforma del Senado.

Reforma limitada

La vicepresidenta primera reiteró hoy este precepto. «Hemos propuesto una reforma limitada y ese es nuestro compromiso», sentenció. En su habitual rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Fernández de la Vega reprochó al PP su entusiasmo con las retoques constitucionales sugeridos por el Consejo de Estado. «No es razonable que los mismos que ayer se oponían a toda reforma, hoy las propongan porque creen que han encontrado nueva munición para desgastar al Gobierno -reprochó-; parecen querer convertirse en auténticos francotiradores de la política».

Fernández de la Vega recurrió además a la ironía para alegar que ahora el Partido Popular está obligado a respaldar los proyectos del Gobierno porque «quien quiere lo más, quiere lo menos».

A su entender, las reformas propuestas por el principal partido de la oposición «van más allá» de las planeadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, así que sumarse a las cuatro modificaciones referidas sería, dijo, un acto de «coherencia». En cualquier caso -según ha afirmado el propio jefe del Ejecutivo en numerosas ocasiones- la reforma de la Constitución no se abordaría hasta el final de la legislatura.

De la Vega recordó que el compromiso del Gobierno para reformar la Constitución se ciñe a cuatro modificaciones: garantizar la igualdad de sexo en el acceso al trono («para que la Princesa Leonor pueda ser Reina», precisó), dar cabida a la Constitución Europea, reformar el Senado y denominar a las Comunidades Autónomas. A ello se suma la sustitución del término disminuido por otro que dignifique a las personas con alguna discapacidad.

El Gobierno tiene, pues, claro que no modificará sus planes cualquiera que sea la conclusión definitiva del Consejo de Estado. Y, por supuesto, se niega a paralizar un Estatuto que ya tiene encauzado. Fuentes parlamentarias recuerdan, además, que el Gobierno no puede congelar un trámite parlamentario de esta índole en la que la prerrogativa para retirar el proyecto corresponde al Parlamento proponente.