La Audiencia autoriza «por unanimidad» el traslado de los 'papeles' de Salamanca

Finalmente la sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acordó ayer -«por unanimidad de los cinco magistrados»- levantar la medida cautelarísima que retenía en una cámara acorazada del Ministerio de Cultura las 500 cajas de legajos reclamados por la Generalitat. Esta decisión da vía libre para que los papeles viajen a Cataluña cuando el Gobierno central y el de la Generalitat lo consideren oportuno. La fecha tope -por ley- está fijada en el 18 de febrero.

Los magistrados sólo han levantado las medidas cautelares. Otro asunto afecta al recurso presentado por el Ayuntamiento de Salamanca y en el que se solicita que se devuelvan al Archivo General de la Guerra Civil -ubicado en esta ciudad- decenas de documentos al considerar que no pertenecen a la Generalitat. El consistorio salmantino exige que se revisen «uno a uno todos los documentos».

La resolución definitiva de este recurso tardará varios meses en producirse (fuentes jurídicas señalan que no antes de medio año). Si finalmente la Audiencia Nacional fallase a favor de Salamanca, la Generalitat catalana estaría «obligada» a devolver los papeles al archivo salmantino con el fin de que se procediese a su inspección y a la copia certificada.

La ministra de Cultura, Carmen Calvo, dijo que se sentía «tranquila y satisfecha», pues «ha funcionado el sistema democrático con su división de poderes». La titular de este departamento calificó de «impecable» el trabajo de la abogacía del Estado. «Lo importante es que se ha solucionado una cuestión de hace 30 años de un modo transparente», subrayó la ministra, quien no fijó la fecha definitiva del traslado.

En la resolución de ayer, la Audiencia entiende que el recurso presentado por el Consistorio de la ciudad del Tormes «no pierde su finalidad legítima», pues considera que la Administración catalana «se subroga en los derechos y obligaciones del Estado en cuanto a la custodia y protección de los mismos». De esta forma, la Generalitat «estaría obligada a su devolución en el supuesto de una hipotética sentencia estimatoria».

'Recurso de súplica'

Contra la resolución de los cinco magistrados cabe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En cualquier caso, el alto tribunal no tiene competencia para impedir la salida de los legajos a Cataluña. El Ayuntamiento salmantino, de momento, agotará los cinco días que le concede la ley para decidir si presenta un recurso de súplica ante la Audiencia Nacional. Cual Numancia rediviva, Salamanca -por voz de su alcalde, el popular Julián Lanzarote- dice que no se rinde. Se aferra al dictamen que la Audiencia Nacional fallará los próximos meses sobre el «fondo del asunto».

Las reacciones sobre el traslado no se hicieron esperar. El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, manifestó ayer que se trata de «una gran noticia». La consejera de Cultura de su Gobierno, Caterina Mieras, dio las «gracias» a «la gente que ha hecho posible la devolución de los documentos». Consideró que la restitución de los documentos es «un acto de justicia democrática».

La consejera de Cultura de Castilla y León, Silvia Clemente, replicó al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, por acusar al Partido Popular de enfrentar a los españoles. «Lo que está haciendo el Gobierno de Castilla y León es defender el patrimonio histórico de todos los españoles», a la vez que manifestó que aceptan la decisión con la «máxima serenidad».