La Fiscalía refuerza su tesis de que el alcalde actuó de manera ilegal en el 'caso Fuentes'

La Fiscalía que se hace cargo del caso Fuentes ha vuelto a reforzar sus argumentos para solicitar a la Audiencia Provincial la inhabilitación firme del alcalde Hernán Díaz. LA VOZ ha tenido acceso al escrito de impugnación que el Ministerio fiscal ha presentado ya en el Juzgado de lo Penal número 4 para que el caso sea trasladado en los próximos días a la Audiencia.

Según se desprende de dicho escrito, la acusación pública coincide en sus tesis con la acusación particular. Ambas mantienen que la primera sentencia fue válida y correcta al considerar que Díaz había cometido un delito de prevaricación por 'asignar a dedo' al Subinspector de Policía Local, José Díaz Otero, en detrimento de Luís Fuentes, quien se encontraba en excedencia de dicho cargo.

Pues bien, en el escrito que la Fiscal ha entregado en respuesta al recurso presentado por la defensa del alcalde, se considera que el comportamiento del primer edil fue «desajustado», ya que se trató de una «obstrucción total y absoluta al cumplimiento de la legalidad, en perjuicio del interés objetivo y general, que le obligaba a unos mínimos de transparencia y publicidad en la asignación de un cargo». Incluso, la Fiscalía, va más allá y cree que dicho puesto fue creado para que lo desempeñara «una persona concreta».

Urgencia

En cuanto a la razón de urgencia que el propio alcalde alegó en su defensa para asignar el puesto a Díaz Otero, la Fiscal del caso considera que estas «supuestas» razones de urgencia «no han sido documentadas o justificadas». En su declaración en los juzgados el alcalde prefirió mantener en secreto su decisión, según expuso, por motivos de seguridad.

También contrario al recurso de Hernán Díaz, la Fiscalía cree que el alcalde tuvo «constancia» de la intención de Luís Fuentes de volver a su puesto. Así se demuestra, según expone, en los escritos que el agente remitió al primer edil el 23 de enero del 93 y el 4 de febrero de 94. De hecho, la Fiscal mantiene que estas cartas fueron contestadas negativamente y rubricadas por el alcalde.

Sobre los actos posteriores al nombramiento, como la convocatoria del concurso público de la plaza, la acusación pública cree que «en lugar de tender a la corrección de una ilegalidad manifiesta, exacerbaron el menosprecio a la norma».

Además, el ministerio fiscal manifiesta en su impugnación que las propias declaraciones del acusado en el juicio «evidenciaron una forma de ejercer la función pública, que en nada se comparecen con el respeto a los valores instaurados constitucionalmente, y al correcto ejercicio de la potestad administrativa», indica.