El Consejo de Estado propone conceder más relevancia al Senado

El informe, sobre el que el pleno del Consejo de Estado dictaminará el próximo 16 de febrero, responde a la consulta que el Gobierno hizo a este organismo sobre una reforma de cuatro aspectos de la Constitución, y aparece publicado hoy en los diarios El País y El Mundo.

La propuesta del Consejo de Estado para la reforma del Senado plantea reducir en 25 el número de senadores, cuya elección debería coincidir con la convocatoria de elecciones autonómicas, así como otorgar a la Cámara Alta de mayor poder legislativo.

Para dotar de mayor peso legislativo al Senado, propone modificar varios artículos de la Constitución, entre ellos el 89: "El procedimiento legislativo se iniciará en el Senado cuando se refiera a las leyes previstas en los artículos 150, 156.2, 157.3 y 158.2 de la Constitución o a materias cuya relevancia autonómica, a juicio del Gobierno, lo justifique".

El informe dicatamina que, para cambiar el actual marco electoral, "cada comunidad autónoma elegirá seis senadores, otro más por cada millón de habitantes y otro por cada provincia de su respectivo territorio", lo que en Castilla y León supondría pasar de los 39 acutales (3 por cada millón de habitantes y 3 por provincia) a 18 (3 por cada millón de habitantes y 6 por Comunidad Autónoma y 1 por provincia). Además, establece que los senadores "serán elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada comunidad, en los términos que señale la ley orgánica electoral general".

Reforma de la sucesión dinástica

El Consejo de Estado propone la modificación del Título II de la Constitución para eliminar la discriminación a la mujer en la sucesión a la Corona, reformando el artículo 57.1, que quedaría de la siguiente forma:

"La Corona de España es hereditaria en los sucesores de don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono corresponde a su hijo, el príncipe heredero don Felipe de Borbón, y después a los sucesores de éste según el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; y en el mismo grado, la persona de más edad a la de menos".

La tercera consulta del Ejecutivo se refería a la denominación de las comunidades autónomas en la Constitución. La comisión de estudios del Consejo de Estado establece el orden de denominación en función de la fecha de aprobación de los distintos estatutos de autonomía, del más antiguo al más reciente: "País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Comunidad Foral de Navarra, Extremadura, Islas Baleares, Madrid y Castilla y León", según el orden establecido en el informe.

En cuanto a la consulta sobre la Constitución Europea, la propuesta es crear un nuevo título, denominado "de la Unión Europea", en el que se diga que "España participa en el proceso de integración europea y, con este fin, el Estado español, sin mengua de los principios consagrados en el Título Preliminar, coopera con los demás Estados miembros a través de instituciones comunes en la formación de una unión comprometida con el Estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales".