Trastienda antiterrorista

La conclusión del informe del senador suizo al que el Consejo de Europa encargó la investigación relativa a los programas secretos de la CIA de captura y traslado de elementos sospechosos de pertenecer a redes terroristas fundamentalistas ha dejado poco margen para el beneficio de la duda. Según el documento elaborado por Dick Marty, es «altamente improbable que los Gobiernos europeos, o al menos sus servicios secretos, no estuvieran al corriente» de esos vuelos ilegales con más de un centenar de sospechosos de terrorismo islamista en Europa. El documento no ha causado, sin embargo, mayor asombro por cuanto el resultado de las investigaciones había sido ya asumido por una opinión pública que a duras penas podía creer que cientos de vuelos ordinarios a cargo de aeronaves bien conocidas y de empresas contratadas regularmente por la Inteligencia norteamericana se produjeran al margen de todo conocimiento de los Gobiernos concernidos. El informe Marty ha vuelto a poner el dedo sobre la llaga de una cuestión ante la que la opinión pública ha demostrado ser extremadamente sensible. Y es que aunque se reconoce que no se puede probar fehacientemente la existencia de cárceles clandestinas en Europa del Este, sí se acusa directamente a Washington de haber estado «subcontratando» la tortura de los sospechosos a manos de países con menos apego por los derechos humanos. Para el investigador suizo, los casos de un par de ciudadanos árabes secuestrados en Italia y Macedonia y entregados después a los servicios egipcios y afganos, respectivamente, para ser allí convenientemente «ablandados», no ofrecen duda alguna del empleo de este tipo de metodología antiterrorista.

El Consejo de Europa ha encontrado indicios más que suficientes para denunciar los hechos con contundencia; incluso el Parlamento Europeo ha creado ya otra comisión que ofrecerá más adelante sus conclusiones. Los Gobiernos que intencionadamente han mirado para otro lado no por ello pueden librarse de responsabilidades. Defender, aunque sea por omisión, que los principios de legalidad y derechos humanos son incompatibles con la acción eficaz antiterrorista supone, de entrada, la asunción de unos criterios que difícilmente casan con las ideas y conceptos básicos sobre los que la Unión Europea parecía querer levantarse.