Los gobiernos europeos no podían desconocer los vuelos de la CIA

Dick Martín, senador socialista suizo, miembro de la Alianza de Liberales y Demócratas, y ponente del Consejo de Europa en la investigación de las supuestas prácticas ilegales de la CIA con presuntos terroristas islámicos, presentó ayer un informe preliminar en el que se afirma que los gobiernos europeos no han podido ser ajenos al trajín de vuelos de la agencia estadounidense, porque éstos se cuentan por centenares.

«Cientos de vuelos fletados por la CIA han pasado por numerosos países europeos (estos últimos años). Es harto improbable que los ejecutivos de esos países, o sus servicios de inteligencia, al menos, no estuvieran al tanto», asegura Martin en su informe de veinticinco folios, difundido ayer.

El ponente, que elevará sus conclusiones a definitivas en los próximos meses, considera probado que la agencia norteamericana ha transportado sistemáticamente a prisioneros de Al Qaeda y otros presuntos terroristas islámicos a prisiones y centros de detención situados fuera de sus fronteras, donde se practica la tortura. Europa habría sido escala habitual de esos vuelos.

Para sustentar sus apreciaciones, el senador suizo cita declaraciones de responsables norteamericanos y ex agentes de la CIA en las que se alude, de manera más o menos directa, a la extracción de informaciones a detenidos bajo tortura.

El informe menciona declaraciones de Robert Baer, un antiguo agente de la CIA, quien, contestando al periodista británico Stepehn Grey, dijo: «Si quieres un interrogatorio serio, envías al prisionero a Jordania. Si lo que quieres es que lo torturen, lo envías a Siria. Y si, en fin, lo que te interesa es que alguien desaparezca y que nadie lo vuelva a ver, entonces lo envías a Egipto».

El documento recoge, asimismo, las declaraciones de Vincent Cannistraro, antiguo jefe de contraespionaje de la CIA, que aparecieron recogidas en 'Newsday' en 2003, y según las cuales un detenido preso en Guantánamo recuperó la locuacidad que había perdido después de ser interrogado en Egipto. «Le sacaron las uñas y comenzó a contar cosas», se dice que Cannicastro dijo, para aclarar después que las prisiones egipcias están llenas de gente sin uñas en manos y pies.

El senador suizo dice no haber encontrado «evidencias irrefutables y formales» de la existencia de centros secretos de detención de la CIA en Polonia, Rumania u otros países del continente europeo. «Hay muchas indicaciones de diversas fuentes creíbles, que justifican continuar con el trabajo analítico y de investigación».

Entre la información que el ponente menciona como prioritaria figura la reclamada al Centro de la Unión Europea de Satélites, y los registros de tráfico aéreo de Eurocontrol.

El informe de Dick Martin no aporta nuevos datos a la polémica sobre las prácticas de la CIA. El material ha sido publicado en Europa o Estados Unidos, y frecuentemente ha sido objeto de tratamiento periodístico destacado.

No obstante, el documento generó reacciones. El ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, negó en Bruselas que exista un pacto de silencio entre los gobiernos europeos sobre las presuntas actividades ilegales de la CIA, que la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, habría arrancado a sus aliados el pasado diciembre. «El asunto -dijo Moratinos- está en España en manos de los tribunales. Ya veremos lo que dicen».

Toda la información que el Gabinete español tiene sobre los vuelos de la CIA «está en la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso; el Gobierno no tiene nada que ocultar», concluyó Moratinos.

El comisario responsable de Libertades Públicas, Franco Frattini, emitió un comunicado en el que se reclama de los estados miembros de la UE y de los candidatos a la adhesión una «cooperación plena» con la investigación, a fin de que la fase de establecimiento de hechos pueda cerrarse lo antes posible.

Competencias

La Comisión europea carece de competencias para instruir una investigación por prácticas contrarias a las libertades públicas en alguno de los socios de la Unión. Los Tratados en vigor prevén, no obstante, sanciones para aquellos que no respetan los derechos humanos, y pueden comprender la pérdida de ellos.

El Parlamento Europeo acaba de establecer una comisión temporal para investigar los actos atribuidos a la CIA, pero carece de poder, recursos y competencias para instruir un caso así. Sólo el Consejo de Europa puede encarar legítimamente una investigación como ésta, pero sus poderes de coerción son simbólicos.