El director del Archivo de Salamanca no comprobó el contenido de las cajas bloqueadas

Los documentos de las 500 cajas que salieron el jueves del Archivo de Salamanca camino de Barcelona, y que están retenidos en Madrid, son de carácter público y tienen vinculación con la Generalitat, que los reclamó. El abogado del Estado, Manuel Pacheco, defendió ayer que su traslado a Cataluña se ajusta a la ley y, por tanto, pidió a la Audiencia Nacional que levante la inmovilización cautelar impuesta el pasado viernes en atención al recurso planteado por el Ayuntamiento de Salamanca.

El propio director del Archivo, Miguel Ángel Jaramillo, admitió a preguntas del letrado que no supervisó el contenido de los fondos como para poder aseverar, en línea con el Consistorio, que entre ellos van documentos que pertenecen a particulartes y no a la Generalitat. La Audiencia, que tiene cuatro días para decidirse, aplazó su resolución, mientras en Barcelona la Generalitat posponía la ceremonia de recepción, prevista para hoy, de los documentos que le fueron incautados cuando la Guerra Civil.

El letrado del Consistorio, José María Benevente, llamó a testificar al director del Archivo de General de la Guerra Civil Española, Miguel Ángel Jaramillo, y al director general del Archivo de Castilla y León, Carlos Travesí. Ambos defendieron la permanencia de los fondos en Salamanca para no romper la unidad del centro documental.

Papeles de particulares

Los dos funcionarios habían rubricado el informe del Ayuntamiento según el cual, ni todos los papeles contenidos en las 500 cajas cautelarmente inmovilizadas tienen carácter público, ni su traslado se había atenido a las normas del Archivo de Salamanca. El letrado representante del Ayuntamiento, institución que no tiene titularidad alguna sobre el archivo, afirmó que en el envío hay siete cajas con papeles del Juzgado de Instrucción de Igualada, un expediente del Juzgado de Villafranca del Penedés y a 164 legajos del Comité Central de las Milicias Antifascistas.

«Unos documentos -dijo el letrado- que están depositados en el Archivo en sus distintas fórmulas jurídicas desde 1937 y no parece que exista un interés general que exija su restitución inmediata». Benavente solicitó el mantenimiento de la inmovilización o el retorno a Salamanca de los documentos, por entender además que «de forma sorprendente no se ha depositado copia en el archivo, de modo que en caso de extravío, robo o destrucción se perderá un patrimonio documental significante para la historia de Cataluña y de este país».

Testimonios indirectos

Sin embargo, Jaramillo y Travesí tuvieron que reconocer después, a preguntas del letrado del Estado, que su informe se realizó sin haber consultado directa y exhaustivamente los papeles contenidos en las cajas. También admitieron que no se podía afirmar taxativamente que tuvieran carácter privado algunos papeles y que el rango de la ley que ampara el traslado está por encima de la normativa del archivo.

El abogado del Estado negó el riesgo de pérdida o destrucción de los papeles, de los que aseguró existe copia microfilmada. «Su protección está garantizada tanto por el Estado como por la Administración de Cataluña. Incluso, si volvieran a particulares, caso que no se dará, existe legislación que obliga a los particulares a garantizar su conservación», planteó el letrado.

«Lo que aquí se plantea -concluyó Pacheco- no es una medida cautelar que se proyecte sobre la orden ministerial formalmente impugnada, sino que se suspenda la aplicación de la ley, lo cual excede un poco lo que es la jurisdicción Contencioso-Administrativa».