Familiares imputarán a los mandos si la sentencia sobre el 'Yak-42' es favorable

Los familiares de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42 anunciaron que si la sentencia del juicio civil que ayer comenzó en Zaragoza es favorable y confirma que ese avión «no debió despegar nunca», pedirán «la imputación de la cadena de mando que consintió ese vuelo, de toda la jerarquía». Así lo manifestó el presidente de la Asociación de Familias de las Victimas del Yak-42, Alfonso Agulló, antes de dar comienzo la vista por el accidente que costó la vida a 62 militares españoles en Turquía en 2003.

Sobre la posibilidad de que el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, se siente en el banquillo de los acusados, apuntó que respetan «los pasos de la Justicia», pero «los responsables de velar por la seguridad eran sus mandos militares y los jefes de su Ministerio».

La primera sesión de un juicio que los familiares de las víctimas consideran clave estuvo marcada por el silencio de las empresas responsables del Yak, que eludieron ayer responder a las preguntas de los abogados de los familiares. El juez había citado a un directivo de UM Air, empresa propietaria del avión; de Busin Joint-Stock Insurance, aseguradora del pasaje, y de Chapman Freeborn, broker alemán al que la OTAN subcontrató el vuelo a través de Namsa, pero nadie acudió a afrontar el interrogatorio de los demandantes.

Preguntas al aire

El abogado de UM Air y su aseguradora, Rodolfo González Lebero, aseguró que el responsable de la compañía aérea no pudo desplazarse hasta la capital aragonesa y, al carecer él de poderes especiales imprescindibles para contestar preguntas en su nombre, los abogados de las familias se conformaron con formular sus interrogantes al aire, para que quedase constancia.

La alemana Chapman ni siquiera designó abogado y tampoco compareció su director gerente, Russi Batliwala. Su testimonio es importante para que aclare si su compañía subcontrató o no el seguro de vida de 75.000 dólares por viajero que se perdió en la cadena de subarrendamientos y que el Gobierno tuvo que adelantar a las familias. De no presentarse hoy, la empresa, que está inmersa en un proceso con Defensa por el paradero del dinero, será declarada en rebeldía.

En sus cuestionarios, los demandantes plantearon interrogantes que en su día ya despejó el informe de la comisión internacional que investigó el siniestro, y que ahora quieren ver corroboradas en sentencia: que el avión no podía volar por sufrir averías graves y que la tripulación y los pilotos carecían de la formación adecuada y eso desencadenó el accidente. Además, preguntaron si la póliza de seguros existía y cuál era su importe, y si UM Air expidió billetes a los viajeros o les comunicó alguna limitación de su responsabilidad.

Si los fallecidos llevaban billetes, las compensaciones a sus familias podrían fijarse en función del Convenio de Varsovia, que establece un límite de 130.000 euros por viajero en siniestros de aviación civil. De no haberlos -algo habitual en los vuelos fletados por Defensa- habría que fijarlas de forma individual en atención al daño sufrido, y sin límites previos.

En este sentido, ayer testificaron dos militares que viajaron en el vuelo de ida a Afganistán del avión accidentado y ambos negaron que la empresa les diese billete o les informara de cualquier limitación de responsabilidades. Para sorpresa de los demandantes, el defensor de UM Air apoyó en parte la tesis de las familias y acentuó el carácter especial que tenía el vuelo, único medio que los militares tenían aquel 26 de mayo para volver a España.