La Audiencia no dará a conocer su decisión sobre el futuro del Archivo hasta mañana

La sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional comenzó a las diez y media de la mañana la deliberación sobre si mantiene o no la suspensión del traslado a Cataluña del Archivo General de la Guerra Civil, ubicado en Salamanca. Los magistrados continuarán esta tarde deliberando y no darán a conocer hasta mañana su decisión sobre si mantienen o levantan la paralización del envío de documentos del Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca, a la Generalitat de Cataluña.

Los magistrados, que disponen de un plazo de cinco días para resolver este asunto, interrumpieron a última hora de la tarde de ayer la primera reunión que mantuvieron tras la vista pública de las alegaciones del abogado del Estado y de los representantes del Ayuntamiento de Salamanca, según fuentes jurídicas. La Sala deberá decidir si atiende al argumento del abogado del Estado de que la suspensión del traslado impide el cumplimiento de una ley aprobada por el Parlamento o el del ayuntamiento de Salamanca en el sentido de que debe precisarse qué documentos tienen que viajar a Cataluña, antes de efectuar el traslado.

Fuentes jurídicas justificaban la tardanza en adoptar una decisión sobre la medida "cautelarísima" acordada por el tribunal el pasado viernes, conforme solicitaba el Ayuntamiento de Salamanca en su recurso, por la complejidad del tema discutido y en la necesidad de que la resolución que finalmente tomen sea la más ajustada a derecho que sea posible. Durante la vista celebrada ayer, el jefe de la Abogacía del Estado en la Audiencia Nacional, Manuel Pacheco, pedía al tribunal que levante la medida "cautelarísima" acordada, porque mantenerla supone en la práctica no aplicar la ley aprobada por el Parlamento español para restituir los documentos incautados durante la Guerra Civil al Gobierno catalán. Añadía asimismo que si finalmente se comprobara que algún papel no pertenece a la Generalitat podría ser restituido al Archivo salmantino.

Por su parte, el abogado del Ayuntamiento de Salamanca, José María Benavente, solicitaba que se mantenga la medida, ya que la salida de documentos del Archivo General de la Guerra Civil se ha realizado sin respetar la propia ley 21/2005, aprobada por el Congreso de los Diputados para restituir al Ejecutivo catalán los documentos incautados durante la Guerra Civil. En su opinión, en las 500 cajas enviadas hay documentos que no pertenecían al Ejecutivo catalán.