La Policía detecta trato discriminatorio en el acceso a bares y discotecas de Cádiz

No es nada extraño toparse con un no rotundo en la puerta de un local de moda o de una discoteca, que te impide acceder al interior de la sala. Tampoco es raro que la excusa esgrimida por el portero sea de lo más peregrina. La Policía Autonómica lo ha comprobado en sus propias carnes en la campaña de inspección de establecimientos que acaba de iniciar en la provincia con el arranque del año nuevo.

En esta batida por locales de ocio nocturno, los agentes, en algunos casos vestidos de paisano para poder comprobar con mayor veracidad lo que ocurre en los accesos a estos bares, llegaron a tramitar hasta 17 denuncias por infracciones a la normativa sobre el derecho de admisión. En total, fueron inspeccionados en lo que va de mes 28 establecimientos situados en Cádiz, El Puerto, Chiclana y San Fernando.

Las quejas de los jóvenes que no pueden entrar en un local sin causa justificada fueron corroboradas por los propios agentes que han detectado, en algunos casos, como se impide el acceso a personas «de modo arbitrario o incluso discriminatorio», rezaba ayer un comunicado de la Junta en el que se daba cuenta de los primeros resultados de esta campaña que desarrolla la Policía Autonómica.

El derecho de admisión no está contemplado en ninguna ley, que sí defiende el trato igualitario a todos los ciudadanos, independientemente de su sexo o su raza. Pero el Gobierno andaluz aprobó en el año 2003 un reglamento para frenar los constantes abusos que hacen determinados empresarios al impedir la entrada en su local con razones tan baladíes como llevar puestas unas zapatillas de deporte o no haber sido invitado a una supuesta fiesta en la que no se pide a todos la invitación.

Informe de la Junta

En este reglamento se especifica en qué situaciones un hostelero puede prohibir la entrada y qué limitaciones puede incluir en el acceso. Pero en el caso de las limitaciones (como llevar una determinada indumentaria) deben ser comunicadas al ayuntamiento competente, y tiene que ser la Junta quien dictamine informe favorable o desfavorable.

Todos estos requisitos fueron establecidos para garantizar que ningún local imponía condiciones arbitrarias en la entrada, pero la Policía Autonómica ha constatado que se vulnera esta norma con frecuencia; ya que la mayoría de las denuncias interpuestas son por cobrar entrada sin motivo al cliente o prohibirle el acceso sin que el empresario haya solicitado la aprobación de limitaciones al Gobierno.

El presidenta de la patronal de hosteleros (Horeca), Antonio de María Ceballos, aseguraba ayer a este periódico que no tenía conocimiento de que se cometieran este tipo de irregularidades entre los asociados. «Todos están informados y saben qué tienen que hacer. No tenemos constancia de quejas de consumidores al respecto». Eso sí, el presidente de Horeca reconoció que hay establecimientos que están fuera de la asociación, que escapan de su control, «y de los que no puedo hablar porque no sé lo que hacen».

La aprobación del reglamento que regula el derecho de admisión fue muy aplaudido en su día por los colectivos de consumidores, pero ya barruntaban lo que a día de hoy está ocurriendo. «El texto contiene resquicios que seguirán favoreciendo determinados abusos», decían desde Facua.

Otras infracciones detectadas por la Policía Autonómica durante su batida por los locales han sido la presencia de menores de 16 años en discotecas, carencia de hojas de reclamaciones o de un servicio de seguridad de una empresa homologada por Interior.