Editorial

Delincuencia Menor

Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

El proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor aprobado por el último Consejo de Ministros trata de dar respuesta a la conmoción manifestada por la sociedad ante el leve tratamiento penal dado a los menores delincuentes y reparar el consiguiente descrédito del texto inicial, con sólo cinco años de vigencia y fruto del acuerdo parlamentario entre el PP -entonces en el gobierno- y el PSOE.

La urgencia con el que se ha retomado una modificación legislativa no obedece al capricho o al acierto de uno u otro partido, sino a la exigencia de una opinión pública, estremecida primero ante unos crímenes horribles perpetrados por menores y desconcertada después por unos castigos cargados de benevolencia y con rápido acceso a su cumplimiento en régimen abierto. Así ocurrió con los asesinatos de la Villa Olímpica (Barcelona), San Fernando (Cádiz), el crimen de la catana (Murcia) o la brutal muerte de Sandra Palo (Madrid), cometidos o juzgados bajo la ley del año 2000. Ante la incontestable precocidad de la delincuencia, la reforma ahora propuesta sitúa en los 14 años -no en los 16- la edad a partir de la cual es exigible responsabilidad penal y endurece las penas. Es más, aunque tradicionalmente se ha entendido que por debajo de los 14 años no hay discernimiento entre el bien y el mal, no se descarta que en el próximo trámite parlamentario se contemple aquella responsabilidad a partir de los 12 años. Con la reforma en ciernes se van a intentar subsanar también situaciones injustas o anómalas, permitiendo a las víctimas de delitos cometidos por menores o sus familias ejercer la acusación particular o popular, así como que los mayores de 18 años con pena pendiente de cumplir no sigan conviviendo con el resto y pasen incluso a cumplir el resto de la pena en prisión.

Reformas como la que se intenta poner ahora en marcha necesitan de un alto grado de consenso para evitar en lo posible forzadas precipitaciones que luego deban rectificarse. Si dilucidar el camino correcto para erradicar la violencia es una tarea compleja, hacerlo respecto de las causas que empujan a unos niños, o adolescentes, a cometer unos hechos realmente atroces lo es aún más. Pero si se pretende además dar respuesta en el corto plazo, estamos entonces hablando de imposibles. El dilema entre reeducar o castigar siempre ha estado ahí, y estará durante mucho más tiempo. El equilibrio entre la protección del superior interés del menor, razón por la que los centros de internamiento no tienen misión represiva sino educativa y toman como referencia la vida en libertad, y la necesidad de compensar a las víctimas o evitar que otros sufran el mismo daño, está condenado a sufrir un proceso de acotación sucesiva de sus límites por ambos extremos. Y estos, lejos de ser inamovibles, están en buena medida condicionados por la respuesta emocional de la propia sociedad ante los hechos.