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ESPAÑA

Las familias reclaman 60 millones de euros a las empresas responsables del 'Yak 42'

Comienza en Zaragoza el juicio contra las compañías propietaria e intermediaria en la contratación del avión siniestrado en Turquía Los afectados pretenden que el tribunal reconozca una «negligencia grave»

CÉSAR CALVAR/COLPISA. MADRID
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Las familias de las víctimas del accidente del Yak 42 quieren demostrar que el siniestro se debió a negligencias graves de las empresas UM Air, compañía ucraniana dueña del avión; Chapman Freeborn, la intermediaria alemana a través de la cual la OTAN contrató el aparato, y la aseguradora ucraniana Busin.

Los abogados de los afectados les reclamarán 60 millones de euros por el daño sufrido en el juicio civil que comienza en Zaragoza hoy. El proceso nace de una demanda civil que presentaron varias familias contra UM Air, y que luego se amplió a Chapman y a la aseguradora tras conocerse que en la cadena de subcontrataciones se esfumó el dinero del seguro del pasaje. Chapman -la segunda empresa tras Namsa en esa cadena- no trasladó a las cuatro subarrendadoras posteriores la obligación de mantener el seguro de vida de 75.000 dólares por pasajero. El Gobierno central ya adelantó a las familias esas cantidades con cargo al erario público.

Fuentes de la acusación señalaron que está previsto que acudan al juicio representantes de UM Air y de Busin. El director gerente de Chapman, Russi Batliwala, que fue citado, envió un escrito al juzgado en el que afirma que la demanda no le fue notificada a él ni a su empresa.

«Mala fe»

Los abogados de las familias ven en esa nota un intento del broker aéreo por eludir a la justicia española, y señalan que el juez podría acusar a la empresa de mala fe si no acude a la vista. El objetivo de los afectados es que un tribunal reconozca que hubo una «negligencia grave» por la mala planificación del vuelo. Esa falta de diligencia ya quedó manifiesta en el informe de la comisión internacional investigadora, formada por Turquía, Ucrania, Rusia y España, que denunció la escasa formación de los pilotos, el agotamiento de la tripulación y el mal estado del avión como factores desencadenantes de la catástrofe.

Ese informe, dado a conocer por el Ministerio de Defensa en noviembre pasado, tiene carácter técnico, por lo que necesita ser ratificado ante el juez por un perito aeronáutico, que declarará en el juicio.