La Audiencia Nacional aplaza hasta mañana su decisión sobre los 'papeles' de Salamanca

La sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional reanudará mañana la deliberación sobre si mantiene o no la suspensión del traslado a Cataluña de los denominados 'papeles de Salamanca', después de que esta tarde haya comenzado a analizar las alegaciones de las partes. Fuentes jurídicas han informado de que los magistrados, que disponen de cinco días de plazo para adoptar una decisión, interrumpieron esta tarde la reunión tras estudiar durante varias horas las alegaciones del abogado del Estado y de los representantes del ayuntamiento de Salamanca.

La Sala deberá decidir si atiende al argumento del abogado del Estado de que la suspensión del traslado impide el cumplimiento de una ley aprobada por el Parlamento, o el del ayuntamiento de Salamanca en el sentido de que debe precisarse qué documentos tienen que viajar a Cataluña, antes de efectuar el traslado.

El abogado del Estado Manuel Pacheco se opuso en la vista celebrada a tal efecto con el argumento de que dicha suspensión supone la no aplicación de una ley emanada de las Cortes Generales, por la que se acordó este traslado. Por su parte, el abogado del Ayuntamiento de Salamanca José María Benavente pidió que los documentos queden inmovilizados en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca hasta que se examine si todos ellos proceden del gobierno de la Generalitat y hasta que se haga copia certificada de los mismos, ya que ha considerado que algunos de ellos pertenecen a particulares y corren el riesgo de ser destruidos.

Benavente destacó que la ausencia de ese duplicado significa que en caso de extravío o de destrucción de los originales se perdería su conocimiento "para Cataluña y para toda España". Manifestó que, hasta que no se cumplan estos requisitos, "no tiene sentido que los documentos permanezcan en una cámara acorazada del Ministerio de Cultura", por lo que solicitó que se mantengan inmovilizados en el Archivo de Salamanca. Recordó también que el pasado 10 de enero se reunió el Patronato del Archivo de Salamanca para tratar sobre el traslado de los "papeles", aunque no emitió ningún informe al respecto "porque se dijo que en la ley ya estaba acordado".

Sin embargo, recalcó, el Patronato "debía haber examinado los documentos que iban a salir" del Archivo, ya que "el hecho de que finalmente no salieran siete cajas", al comprobarse que los documentos incluidos en ellas no procedían del gobierno de la Generalitat, "demuestra que no todos los documentos podían salir". Criticó además que no se hubiera reunido la comisión mixta Gobierno-Generalitat para hacer un proceso de identificación de documentos, ni que tampoco se le hubiera encomendado esa tarea a un equipo del Ministerio de Cultura.

Añadió finalmente que no existe un perjuicio del interés público por el mantenimiento de la medida cautelar de suspensión del envío, teniendo en cuenta que los documentos a restituir "llevan depositados en el Archivo desde 1937 y no parece que haya un interés general en que se restituyan" de forma inmediata.

El Archivo, en microfilm

El abogado del Estado recordó que todos los documentos del Archivo están en microfilm desde 1983 y que ha sido así como han sido identificados los correspondientes al gobierno de la Generalitat. Aseguró también que ninguno de los documentos identificados, previo examen de los mismos, corresponde a particulares y que por los tanto no serán restituidos a terceros, por lo que tampoco "existe un peligro de destrucción" de esos "papeles".

"Si de algo ha pecado la Administración es de una excesiva escrupulosidad", observó el letrado Manuel Pacheco, al subrayar que el acto administrativo de restituir documentos a la Generalitat "ya está ejecutado" porque el acuerdo de entrega de esos "papeles" es "la propia ley" 21/2005, que así lo acordó y que está en vigor desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado 18 de noviembre. Insistió en que, en virtud de esta ley, la Generalitat de Cataluña recibe documentos para conservarlos "y no para restituirlos a terceras personas sin el permiso de la Administración".

Tras estos alegatos, declararon como testigos por parte del Ayuntamiento de Salamanca el director del Archivo, Miguel Angel Jaramillo, y el director del Archivo General de Castilla y León, Carlos Travesí de Diego. Jaramillo consideró que "fragmentar el Archivo General de la Guerra Civil es un error" y sostuvo que existían dudas acerca de que algunos de los documentos que iban a ser trasladados a Cataluña procedieran del gobierno de la Generalitat, como los relativos a la milicias antifascistas y a algunas asociaciones y particulares.

No obstante, a preguntas del abogado del Estado, admitió que todos estos documentos se encontraban agrupados en una sección dedicada a la Generalitat y que se reunieron por primera vez cuando se puso en marcha el convenio de microfilmación suscrito en 1983. Por su parte, Travesí de Diego, autor de un informe en el que se asegura que un centenar de documentos objeto del traslado no pertenecen a la Generalitat, explicó que para elaborar este trabajo accedió a la página web del Ministerio de Cultura.

De este modo, y a preguntas de Pacheco, Travesí admitió que no examinó directamente los documentos a los que hace alusión su informe, aunque reiteró que muchos de estos "papeles" habían sido incautados en domicilios de particulares, por lo que, si bien esas personas podían ser miembros de la Generalitat, algunos de esos documentos aprehendidos correspondían a su esfera privada. La vista concluyó con el alegato final de ambas partes y, así, el representante de la corporación salmantina volvió a pedir el mantenimiento de la suspensión del traslado.

Mientras, el abogado del Estado, tras indicar que aportará toda la prueba documental y testifical necesaria cuando se celebre la vista del recurso, al estimar que no correspondía a la fase celebrada hoy, correspondiente al mantenimiento o no de una medida cautelar, afirmó que la medida de la suspensión del traslado "carece de fundamento", al no existir peligro de que sean destruidos.