La Audiencia Nacional estudiará mañana qué hacer con el Archivo de Salamanca

La Sección Séptima de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional estudiará mañana, en una vista pública, si mantiene o levanta la paralización del traslado de documentos del Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca, a la Generalitat de Cataluña.

Fuentes jurídicas han señalado hoy que la decisión podría posponerse unos días para estudiar con mayor detenimiento los argumentos esgrimidos por las partes personadas, el ayuntamiento de Salamanca, quien presentó un recurso para tratar de impedir el envío de documentación a la Generalitat, y el Abogado del Estado, quien defenderá la decisión del Ministerio de Cultura de restituir los legajos robados durante la Guerra Civil.

En la noche del pasado viernes, el tribunal ordenó la inmovilización de las 500 cajas, "quedando en concepto de depósito en el lugar y estado en que se encuentran en el momento de la notificación de la resolución". En el propio auto, la Sala convocaba para mañana "una comparecencia en la que se oirá a las partes respecto al levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida acordada".

La paralización del traslado de los documentos a la Generalitat, solicitada por el Ayuntamiento de Salamanca en su recurso, se adoptó con carácter cautelarísimo, al entender admisible la urgencia argumentada por el Consistorio, porque las cajas aún no habían llegado a Cataluña. El recurso afirmaba que las cajas finalmente trasladadas habían sido sacadas del archivo "sin título para ello y al margen del procedimiento legalmente establecido".

Durante la vista de mañana, comparecerán como testigos el director del Archivo General de la Guerra Civil Española, Miguel Ángel Jaramillo, y el responsable del Archivo General de Castilla y León, Carlos Travesí. Los abogados del equipo jurídico del Consistorio salmantino, José María Benavente y Eliseo Guerra, serán los encargados de defender el recurso presentado ante la Audiencia Nacional, en el que se habla de 507 cajas en vez de las 500 finalmente trasladadas e inmovilizadas desde el pasado viernes.

La documentación retirada era mencionada en un informe de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León que afirmaba que 176 de las 507 cajas que se iban a enviar en un principio contienen documentación que no pertenece a la Generalitat, lo que contradice la Ley que permite la restitución de documentos al Gobierno catalán. El Ministerio mantuvo también entre las cajas remitidas a la Generalitat documentación de las Milicias Antifascistas, al entender, al contrario que Castilla y León, que se trató de una organización popular integrada en la Generalitat. Además, los documentos personales que se encuentran entre lo enviado a Cataluña fueron, según el Ministerio, intervenidos en oficinas públicas, nunca a sus titulares.