Estatuto en blanco y verde

LA ponencia que elabora la reforma del Estatuto de Andalucía y que ahora, tras ocho meses de intenso trabajo, presentará su borrador como proposición de ley para que se debata en el Parlamento, ha aumentado de seis a diez los título y de 75 a casi 300 los artículos del actual reglamento que rige desde 1981 las competencias transferidas desde el Gobierno central. Los ponentes -parlamentarios pertenecientes a PSOE, PP, IU y PA- celebrarán el próximo día 30 una última reunión en la que examinarán las puntualizaciones jurídicas que han realizado varios letrados al borrador.

El debate más vistoso y público comienza ahora. El PA ya ha anunciado que no firmará la ponencia y que presentará una enmienda a la totalidad. El PP deshoja aún la margarita sobre cuál será su postura final, aunque ya ha anunciado que retornará a las sesiones el día 30. PSOE e IU, que en la última semana han trabajado en solitario tras el plante de andalucistas y populares, han consensuado muchos de los artículos de esta reforma, aunque hay encrucijadas en las que nunca podrán alcanzar un acuerdo, caso de la inclusión del término 'nación'.

En el pasado debate sobre el estado de la Comunidad -celebrado en junio de 2005-, el presidente Manuel Chaves ya expresó que el nuevo Estatuto andaluz no tendría más límites que los de la Constitución española y los que los andaluces, libremente, decidieran. Este cariz ha marcado la línea dura de las conversaciones entre los cuatro partidos con representación parlamentaria que han estado muy pendientes de lo que ocurría en Cataluña, espejo en el que PA y PP quieren mirarse antes de continuar con la reforma estatutaria.

El texto matriz, también conocido como Estatuto de Carmona -fue en esta ciudad sevillana donde se confeccionó el tratado-, cumplirá el próximo mes de diciembre 25 años de vigencia. El ritmo con el que ha evolucionado la sociedad andaluza demanda, a juicio de sus representantes políticos, la conquista de nuevas cotas de autonomía para gestionar, de una forma más directa, cercana y descentralizada los bienes y recursos de la región.

COMPETENCIAS

Título II

Aeropuertos y puertos

PSOE, IU y PA han consensuado uno de los avances más ambiciosos con respecto al actual Estatuto: Solicitar al Gobierno central las competencias exclusivas sobre los puertos, aeropuertos y helipuertos que tengan calificación legal de interés general del Estado, y que hasta el momento escapaban al control de la Junta. En la actualidad, sólo dependen del Ejecutivo autonómico los puertos y aeropuertos deportivos y los pesqueros. Este 'botín' es tan importante que, por ejemplo, dejaría a AENA sin la gestión de los aeropuertos de Málaga, Granada, Almería o Jerez, de la que se encargaría un organismo dependiente de la Junta. Lo mismo ocurriría con los grandes puertos de mar. .

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Título V

TSJA, última instancia

Un asunto complejo que ha marcado, de forma meridiana, el posicionamiento de las cuatro formaciones a las que representan los ponentes. El articulado que se presentará a la aprobación del Parlamento andaluz incluye la calificación de última instancia judicial al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), mientras que el Tribunal Supremo sólo intervendría en los recursos de casación y en la unificación de doctrinas. Se crearía un Consejo General del Poder Judicial de Andalucía y se obtendría pleno dominio en los apartados de justicia de proximidad y menores.

MEDIO AMBIENTE

Título VIII

Prevención de incendios

Dotar a Andalucía de los mecanismos y recursos suficientes para luchar contra la desertización y prevención o extinción de incendios. Estas son algunas de las grandes apuestas de este escalón que incluye, a la vez, medidas de fiscalidad ecológica compensatorias, correctoras y preventivas del daño ambiental. En el actual Estatuto, el medio ambiente se trata de una manera más somera y sin el protagonismo que se le da en esta modificación, en la que aparece como uno de los cuatro títulos de nueva creación.

EMPLEO, ECONOMÍA Y HACIENDA

Título VI

Agencia Tributaria

Para aumentar inversiones y prestaciones a los andaluces, su Gobierno debe tener más recursos económicos, siempre que se sostenga la igualdad entre las 17 comunidades autónomas y que la financiación tome como base principal el baremo de población. Este es el espíritu esencial de este apartado que tiene como postilla estrella la creación de la Agencia Tributaria de Andalucía, que gestionará todos los tributos propios -lo que supone una revolución en comparación con el actual modelo- y tendría la potestad de conveniar la gestión de los que transfiere el Estado.

DERECHOS SOCIALES

Título I

Poder para el ciudadano

El ciudadano andaluz tendrá, si el actual borrador pasa el filtro del Parlamento y del Congreso con similar contexto, más derechos y prestaciones que en la actualidad. En la nueva disposición se aumenta el grado de asistencia en ámbitos como el de educación, sanidad, dependencia y otros servicios sociales. El ciudadano podrá usar el Estatuto para reclamar ante la propia Administración autonómica e, incluso, ante los tribunales de justicia, cuando crea que se han vulnerado algunos de los nuevos derechos que ganará con la reforma.

DENOMINACIÓN

Título Preliminar

¿Nación o nacionalidad histórica?

PSOE y PP han alcanzado su mayor grado de consenso en este punto al hacer frente común contra el término nación. Los socialistas consideran residual el interés real que existe en la sociedad andaluza sobre este debate. El Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía (IESA) ha refrendado esta sensación de los socialistas con la publicación, esta misma semana, de los datos del barómetro de Opinión Pública 2005, en los que se aprecia que el 90% de la población prefiere el término 'comunidad autónoma' para referirse a Andalucía, frente al 3,3 por ciento que opta por el de nación. Socialistas y populares se decantaron por 'nacionalidad histórica', siempre como punto de partida para el debate parlamentario.

CONTINUIDAD

Disposición Adicional Segunda

La deuda histórica

Un tema 'caliente' dentro del debate, que presentará su máxima ebullición durante el trámite parlamentario. Pese a la insistencia de la oposición, tal referencia no irá en el articulado y se mantendrá como disposición adicional y con un texto similar -el PSOE era partidario inicialmente de modificarlo-. Dicho apartado, por lo tanto, hará constar que dadas las condiciones socioeconómicas de Andalucía, que le impiden la prestación de un nivel mínimo en alguno de los servicios transferidos, debe ser el Estado quien consigne fuentes excepcionales de financiación para paliar dicho déficit -que se conoce en ámbitos políticos como la deuda histórica-.