La UE insta a España a reconocer los derechos de los inmigrantes legales

España se encuentra en la 'lista negra' de países de la UE que no han adaptado a su legislación nacional la norma comunitaria que obliga a reconocer los derechos a los inmigrantes que residen de forma legal en la UE desde hace más de cinco años. El plazo para trasponer esta directiva finaliza el 23 de enero, y el Ejecutivo comunitario advirtió ayer de que abrirá expediente «en los próximos dos meses» a los estados miembros que no cumplan con sus obligaciones, según anunció el portavoz de Justicia e Interior, Friso Roscam.

Roscam aclaró que esta directiva no tiene nada que ver con el proceso de regularización de inmigrantes irregulares que se llevó a cabo en España en 2005. Esta norma «se refiere a los nacionales de terceros países que han residido legalmente en un Estado miembro durante al menos cinco años». «Esto no es una campaña de regularización, es una ley europea que refuerza la posición legal de los ciudadanos que ya residen legalmente en el territorio de los Estados miembros durante cinco años», señaló.

Hasta ahora, sólo cinco países (Austria, Lituania, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia) han notificado a la Comisión sus medidas de transposición. Reino Unido, Irlanda y Dinamarca están exentos de aplicar esta norma.

La principal novedad del denominado 'Estatuto del residente de larga duración' es que permite a los inmigrantes legales residir y trabajar o estudiar en otro Estado miembro distinto al que le haya otorgado este título. El Ejecutivo comunitario considera que más de 10 millones de ciudadanos procedentes de países terceros y residentes en la UE obtendrán beneficios directos de su aplicación.

Requisitos

Para adquirir este estatuto, los inmigrantes tienen que demostrar que residen desde hace al menos cinco años, de manera legal e ininterrumpida, en un Estado miembro, y que disponen de recursos suficientes para sobrevivir y de un seguro médico. Los países de la UE pueden exigir que además cumplan requisitos de integración contemplados en su derecho nacional, por ejemplo, un conocimiento adecuado de la lengua.

Los titulares se benefician de una protección reforzada contra la expulsión, y de una igualdad de trato con los ciudadanos de la UE en un gran número de dominios como: las condiciones de empleo y trabajo; educación, formación profesional y reconocimiento de títulos; protección social y asistencia sanitaria o ventajas sociales y fiscales.