El Gobierno reforma la Ley del Menor para combatir a las bandas juveniles y el 'bullying'

El Consejo de Ministros aprobó ayer la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, en vigor desde hace cinco años, con el objetivo de endurecer las penas previstas para los integrantes de pandillas juveniles y para los autores de los delitos especialmente graves. Además, por primera vez en el Derecho Penal español, se contemplará la figura del acoso escolar o 'bullying', que podrá será combatidos con órdenes de alejamiento para separar a los acosadores de sus víctimas.

La preocupación por el fuerte aumento en los últimos años de los delitos violentos (homicidios, violaciones y robos con intimidación) cometidos por jóvenes y adolescentes está detrás de esta reforma. El nuevo articulado prevé castigar este tipo de prácticas con un año más de internamiento. Así, los menores de entre 14 y 16 años que delincan con violencia, intimidación o grave riesgo podrán ser condenados a tres años de régimen cerrado, y hasta seis años en el caso de que tengan entre 16 y 18 años.

El asesinato, la violación o los actos de terrorismo serán castigados con hasta cinco u ocho años en un centro especial (dependiendo de la edad del joven). Esta pena podrá alargarse a diez años de internamiento si el menor ha cometido otros crímenes. Todo ello seguido de un período de libertad vigilada.

Pandillas

El nuevo texto intenta también dar respuesta a la irrupción en las grandes ciudades de pandillas juveniles muy violentas como las bandas latinas de los 'Latin King' o los 'Ñetas'. Los integrantes de estos grupos u otros similares ahora podrán ser sancionados con hasta seis años de internamiento cuando comentan delitos graves, sin tener que llegar al homicidio, al robo con violencia o a la agresión sexual. El objetivo, según el Ejecutivo, es que el juez tenga la oportunidad de «alejar al menor de ese ambiente».

Casos como el de Jokin, el joven guipuzcoano que se suicidó en septiembre de 2004 al ser acosado por sus compañeros de clase, también aparecen recogidos en la reforma. Los jueces podrán imponer a los acosadores al alejamiento e «incomunicación» con el menor agredido y sus familiares. Los tribunales podrán también decidir su obligado traslado a otro centro escolar.

El Ministerio de Justicia, que asegura haber incorporado las aportaciones de la comunidades autónomas, del Poder Judicial y de la Fiscalía, hizo especial hincapié en la mejora de trato a las víctimas, tanto las menores de edad como las de delincuentes juveniles.

En los delitos de carácter sexual en los que la víctima tenga menos de 18 años será obligatorio (ya no será potestativo del juez) que los menores declaren sin ser vistos por el acusado.

Además, el texto presentado ayer establece «taxativamente» el derecho de las víctimas de delitos cometidos por menores a ser «informadas en todo momento de aquellas resoluciones que afecten a sus intereses». Asimismo, se simplifican los trámites judiciales para que los perjudicados por delincuentes juveniles puedan ser indemnizados.

La reforma refuerza el papel del juez, sobre todo a la hora de decidir si el menor debe ser trasladado a una cárcel para adultos cuando cumple los 18. El nuevo texto deja en manos de los tribunales la posibilidad de permitir que el joven, si se ha comportado bien, permanezca en un centro especial para que no sufra «abusos» en la prisión.

Entre las mejoras técnicas introducidas en el proyecto destaca la ampliación del tiempo de las medidas cautelares que se pueden imponer a los menores a la espera de juicio. Hasta ahora eran tres meses. La reforma prevé ampliar esta fase hasta seis meses, prorrogables otros tres meses en casos excepcionales.

En esa misma línea, y en relación con la prescripción de las faltas, el período actual de tres meses se amplia a seis, ya que Justicia considera que tan corto espacio de tiempo provocaba «la práctica impunidad» de muchos delitos.