La Audiencia Nacional paraliza el traslado a Cataluña de los 'papeles' de Salamanca

La Sección Séptima de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acordó ayer suspender al menos hasta el próximo martes el traslado de los papeles de Salamanca a Cataluña. Con esta decisión, el tribunal aceptó la medida cautelarísima por razones de urgencia solicitada por el Ayuntamiento de la capital salmantina para que el traslado de los documentos de la Generalitat expoliados por las tropas franquistas durante la Guerra Civil fuese paralizado.

El fallo fue adoptado de forma unánime por los cinco integrantes del tribunal y su ponente fue José Luis López Muñiz, presidente de la sala. La Sección Séptima ha citado para el próximo martes, a las once de la mañana, a los abogados de las partes implicadas -el abogado del Estado, en representación del Ministerio de Cultura, y el letrado del Ayuntamiento de Salamanca- para, tras oír sus alegaciones, decidir si levanta o confirma la suspensión del traslado.

En manos de los jueces

Dos instituciones de muy distinto orden, el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional, comenzaron a estudiar ayer si debían suspender de manera cautelar el proceso de devolución a Cataluña de los polémicos legajos. El pronunciamiento más inminente era el del tribunal central, que resolvió ayer satisfactoriamente la petición del Ayuntamiento de Salamanca para que el traslado de los papeles quedara congelado hasta que se despejen las dudas sobre la legalidad del retorno.

La demanda ante la Audiencia Nacional fue la reacción del consistorio salmantino una vez que el Ministerio de Cultura sacó los legajos del Archivo General de la Guerra Civil y los condujo hasta la cámara acorazada de la sede central en Madrid del departamento que dirige Carmen Calvo. El recurso pretende que allí permanezcan hasta que el Constitucional resuelva el fondo del asunto.

Esa corte ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado la Junta de Comunidades de Castilla y León, que preside el popular Juan Vicente Herrera. En una providencia fechada el 17 de enero -dos días antes de la salida de los documentos- la Sección Segunda acordó dar traslado de la demanda y la documentación presentada por el Gobierno castellano al Congreso, al Senado y al Gobierno central, para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen oportunas.

La Junta castellano-leonesa también reclamó la suspensión cautelar del traslado. El Constitucional abre un proceso de estudio separado de esa demanda y da 15 días de plazo a las partes para que aleguen lo que estimen conveniente. Mientras que Junta y Ayuntamiento valoraron de manera positiva estas iniciativas, los socialistas advirtieron de que se trata de trámites rutinarios que no interfiere en la cuestión de fondo.

«Estábamos esperando esta decisión, que abre las expectativas que habíamos planteado, que es la suspensión cautelar del traslado», declaró la consejera de Cultura, Silvia Clemente, que insistió en que la conveniencia de un pronunciamiento del Constitucional antes de que se complete la devolución de los papeles reclamados por la Generalitat de Cataluña .

«Hemos solicitado en todo momento que se queden los documentos en Salamanca hasta el pronunciamiento del tribunal», explicó Silvia Clemente, y advirtió de que «la documentación que salió de Salamanca sólo es una cuarta parte de la que resta por salir según la Ley de Restitución», por lo que reconoció su esperanza en que la decisión del Constitucional se produzca antes de que Cultura reanude el traslado del resto de las cajas susceptibles del traslado.

Sin importancia

El PSOE restó importancia a la admisión a trámite del recurso porque el Constitucional, en estos casos, se limita a comprobar si el recurrente está legitimado a emprender esta iniciativa y si se realiza en los plazos establecidos, pero en ningún caso entra a valorar los argumentos de fondo.

El portavoz de Cultura en las Cortes de Castilla y León, Óscar Sánchez, precisó los argumentos que podrían sustentar una resolución desfavorable al Gobierno regional de Herrera: «En nuestra opinión la pretensión de paralizar el traslado no tiene ningún apoyo en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, porque no se prevé la suspensión de las leyes estatales que sean objeto del recurso, ni tiene ningún apoyo en la propia jurisprudencia del tribunal».

En Salamanca, el portavoz del equipo de gobierno del PP, Fernando Rodríguez, aseguró que la «indignación» es aún mayor hoy entre los ciudadanos.