Otra visión del problema del narcotráfico en la provincia
Actualizado:«El culpable perteneciera a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad difundir tales sustancias o productos aún de modo ocasional». Así reza de manera textual el punto 2 del artículo 369 del Código Penal, en el que se detalla cuáles son las agravantes que se les puede aplicar a los acusados por delitos contra la salud pública.
Las Fuerzas de Seguridad hacen especial hincapié en sus investigaciones en poder demostrar que determinadas redes que desmantelan son organizaciones perfectamente estructuradas; de tal forma, que cada una de sus piezas son claves para la consecución de sus propósitos.
Este agravante rara vez se ha aplicado a los detenidos en Cádiz, dentro de operativos contra bandas de narcotraficantes. Pero los primeros meses de andadura de los dos fiscales antidroga han evidenciado que se está dado un giro importante a la concepción que se tenía hasta ahora en la Fiscalía de la situación del tráfico de estupefacientes en la provincia.
Un ejemplo de este cambio de aires fue la actuación judicial en la Operación Anfibio, desarrollada por la Guardia Civil en Conil, y que se dio a conocer en diciembre. 26 personas fueron detenidas por introducir cargamentos de hachís procedentes de Marruecos. La Fiscalía los considera una organización; lo que permitió que todos ingresaran en prisión, aunque no tuvieran antecedentes y su papel en la banda fuera el de un simple punto (persona que vigila durante un alijo).