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Editorial

Explicaciones militares

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El incidente protagonizado por el teniente general José Mena Aguado el día de la Pascua Militar en líneas generales fue bien evaluado por las instituciones y por la opinión pública; un alto mando ya muy próximo a la reserva aprovechó su protagonismo en una fecha tan significativa para expresar unos criterios muy personales sobre cuestiones políticas vulnerando la obligación de neutralidad que deben las Fuerzas Armadas. Pese a ser un mando que había gozado de la confianza del ministro de Defensa dio pruebas claras de no merecerla y justificó las rápidas medidas disciplinarias adoptadas por sus superiores.

Todo indicaba -y así lo manifestó reiteradamente, se supone que con todos los datos en la mano, el ministro de Defensa- que aquél era un hecho aislado, singular en un colectivo de funcionarios públicos que, en su inmensa mayoría, acatan la legalidad vigente en lo referente a su absoluta supeditación al poder civil en el marco de la Constitución. Sin embargo, y como también fue previsible desde el primer momento, aquel hecho ha provocado algunas reacciones: el coronel Fernando Abalo de Dios fue retirado de su destino en el Cuartel General de la OTAN por sus por sus críticas públicas, también improcedentes, a Mena; un capitán de la Legión ha tenido que ser arrestado por publicar en la prensa un escrito impropio; y varios militares ya jubilados se han pronunciado a favor de algunas anacrónicas visiones del Ejército.

Nada de todo esto es alarmante, en principio, 25 años después de aquel 23-F que supuso la definitiva vacuna antigolpista del Ejército de la democracia. La milicia actual, que demuestra su profesionalidad en innumerables misiones internacionales y en las sedes de nuestras alianzas permanentes, nada tiene que ver con la leyenda del golpismo romántico del XIX ni mucho menos con el que protagonizó los gravísimos conflictos del XX. Pero una vez superadas estas muestras de desazón, que probablemente sean el trasunto en el estamento castrense de la inquietud que también siente la sociedad civil por el arduo y encendido debate territorial en curso, parece conveniente y hasta necesario que el ministro de Defensa comparezca en el Parlamento para ofrecer su visión de lo ocurrido, dar cuenta de las medidas adoptadas y ofrecer garantías sobre su propia ejecutoria al frente del Ejército. El hecho de que no haya que temer un protagonismo no constitucional de las Fuerzas Armadas no justifica que el asunto se cierre sin las debidas explicaciones políticas, que la oposición tiene derecho a exigir y el Gobierno el deber de proporcionar.