Sancionado un capitán que se quejó a Zapatero de la «desmembración de España»

El Ejército de Tierra ha sancionado al capitán de Infantería Roberto González Calderón, jefe de la primera Compañía 'Comandante Franco' del Tercio de la Legión de Melilla, por dirigir una carta al presidente del Gobierno a través de un periódico en la que le transmite su «malestar» y «fortísimo desasosiego» al «ver cómo se está desmembrando España». El legionario llega a afirmar, en el primer párrafo de su escrito, que por tener una familia que mantener renunció a su intención inicial de «plantarme con mi compañía en el Ministerio de Defensa y entregarle en mano» el texto a José Bono.

En la misiva, publicada ayer en el diario 'Melilla hoy', el oficial explica los motivos de su enfado, que resume en que «está de moda» cuanto es contrario a «España, Iglesia, familia y respeto a los que nos precedieron y lucharon por una España mejor». El oficial reprocha a Rodríguez Zapatero el haber negado, tras consultar a sus asesores, que haya malestar o preocupación entre los uniformados. «Señor presidente, no es cierto lo que sus asesores le han dicho». «Por supuesto que existe», señala, «al comprobar los derroteros que está tomando la situación política y social de nuestra nación, España».

Castigo «confidencial»

Un portavoz del Ejército explicó que, tras conocer la carta, el jefe de Estado Mayor del Ejército, José Antonio García González, y el nuevo jefe de la Fuerza Terrestre, Pedro Pitarch -sustituto del cesado general Mena y del que dependen las unidades de la Legión de Melilla- notificaron a Bono, de visita en Canarias, que el oficial será sancionado «por conducto reglamentario» según lo previsto en el Régimen Disciplinario del Ejército.

El castigo le será impuesto por sus superiores inmediatos: el teniente coronel que manda su batallón y el coronel jefe del regimiento. Defensa y el Ejército no desvelaron en qué consiste la sanción por ser «confidencial», exigencia que no cumplieron cuando Bono arrestó al general Mena.

Según el Régimen Disciplinario, la infracción podría ser tipificada de falta leve -como la de Mena- y acarrear hasta ocho días de arresto, o encajar en el apartado de faltas graves que sanciona a los soldados que hagan «reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la disciplina» a través de los medios de comunicación. De considerarse falta grave, podría cumplir entre uno y dos meses en una prisión militar y perder el mando de su unidad.

El capitán González Calderón expone en su carta los motivos del «malestar» e «inquietud» que -insiste- hay dentro y fuera de las Fuerzas Armadas. Se queja de que «de forma impune se queman banderas nacionales» en actos públicos, de que se convocan actos sociales «en nombre» de ETA, de que las televisiones se «mofan» del Ejército -al que muchos ven «como una ONG»- y de las fuerzas de Seguridad, y de que «tienen más derechos los verdugos que las víctimas». «Malestar al ver que existe ya una generación de españoles que no reconocen a España como su patria», zanja.

El legionario culpa a la clase política en general, «sea de la ideología que sea», de ese «cúmulo de circunstancias», que considera «consentidas para ganar votos, escaños y alcaldías». «Nuestros políticos han sacrificado la idea de nación y de Patria para engordar sus ansias de poder», escribe. Concluye su carta «con la esperanza de que haya muchos más que compartan estas ideas y se sumen a esta débil pero firme voz que dice, basta ya, España será siempre la única nación».

Obligaciones militares

En su visita a las unidades de Canarias, el ministro de Defensa, José Bono, recordó a los militares su subordinación a las leyes y les reiteró que su obligación no es «defender la España de los Reyes Católicos», sino «defender a los españoles de acuerdo con la Constitución y el poder elegido en las urnas».

Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, pidió en Córdoba al jefe del Gobierno y a José Bono que expliquen «qué está ocurriendo» en las Fuerzas Armadas y si se trata de «hechos aislados» o existe verdadero malestar entre los uniformados. «La respuesta del Gobierno no puede ser el silencio», aseveró. Insistió en que Bono debe comparecer en el Congreso porque «los españoles tienen derecho a que se explique con meridiana claridad qué ocurre». «¿Dónde quedan las promesas de transparencia y de que nos enteraríamos de todo?», se preguntó.