Cádiz, la comunidad andaluza con mayor número de casos de violencia escolar

Según un informe elaborado por el Consejo Escolar de Andalucía durante el pasado curso 2004-2005 se denunciaron 26.238 casos graves de indisciplina y violencia escolar en centros de la comunidad autónoma. Del total de los casos, la provincia de Cádiz es la que concentra un mayor número con un total de 6.661 situaciones de violencia escolar, seguida de la provincia de Sevilla en donde se registraron algo más de 6.5000.

Estas cifras significan, según informó la vicesecretaria general del PP de Cádiz, Mercedes Colombo, que sólo dos provincias andaluzas, Cádiz y Sevilla, concentran el 50% de las denuncias de indisciplina y violencia escolar grave.

A su juicio, del informe del Consejo Escolar es destacable el hecho de que más de la mitad de los casos tienen relación directa con “situaciones de violencia pura y dura”. Así, destacan las estadísticas referentes a conductas “altamente preocupantes” como son las 3286 agresiones físicas contra miembros de la comunidad educativa, 2.127 amenazas o coacciones, 1.417 denuncias por vejaciones o humillaciones o los 3.260 casos de injurias y ofensa contra miembros de la comunidad educativa.

En opinión de la presidenta provincial de Nuevas Generaciones, Ana Mestre, existen también otros datos preocupantes, como los más de 8000 casos de conductas reiteradas contrarias a las normas de convivencia.

Para Mestre, el informe del Consejo Escolar “pone en evidencia a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que durante años ha negado la existencia de un problema a la vez que acusaba al PP crear un alarmismo en torno a esta situación”.

Así, la dirigente popular denuncia que “después de cinco años de indiferencia y desidia, a la Junta se le ha ido el problema de las manos y demanda la puesta en marcha de medidas urgentes que vengan a combatir y prevenir la preocupante situación de violencia escolar que existe en Andalucía”. De igual forma, critica que las medidas anunciadas por la Junta de Andalucía hasta el momento “son totalmente insuficientes y están vacías de contenido, algo de lo que también se quejan día tras día toda la comunidad educativa como son el profesorado, los sindicatos, el defensor del Pueblo, etc”.

“Desde la Junta de Andalucía no se han dotado alternativas ni consensuado medidas efectivas, como es el ejemplo de que la propuesta de Creación del Observatorio de Violencia Escolar hecho en el 2001 y del que hoy en día ni siquiera se ha elaborado aún el borrador de este proyecto”, declara Mestre, además de subrayar ”la difícil situación del profesorado que hasta la fecha no ha contado con ningún tipo de apoyo ni ayuda por la administración”.

Así las cosas, el PP de Cádiz reclama “un cambio radical” a la hora de abordar este problema “que debe afrontarse con más rigor, seriedad y preocupación y con medidas más cercanas a la realidad cotidiana que vive en los centros educativos de Andalucía”.

Así, el PP propone un decálogo de medidas para combatir y prevenir la violencia escolar entre las que destaca la creación de un grupo de trabajo, en el que participen todos los colectivos implicados, que aborde desde todas las perspectiva el problema de la violencia escolar y que las conclusiones de dicho análisis se lleven a efecto inmediatamente.

También se pide la modificación del Decreto de Derechos y deberes del alumnos; la reducción generalizada de la ratio; la figura del mediador y un aumento del número de orientadores en los centros especialmente problemáticos; la formación del profesorado; un plan de vigilancia que conlleve el cierre del acceso a centros educativos a toda persona ajena al mismo y la instalación de porteros con cámaras de TV; la puesta en marcha de una campaña de sensibilización social y apoyo a la formación docente; y la supresión de la promoción automática.

Además, según Mestre, hay otras medidas “que deben ser objeto de estudio ya que es imprescindible conocer y reconocer el problema y darle la importancia que tiene y se considera muy negativo que se oculten los casos debido a que se genera una desmotivación en el docente y se crea una sensación de impunidad en el alumno”. Estas pasarían por medidas concretas de apoyo al profesorado, la elaboración y puesta en marcha de programas de prevención y seguimiento de la violencia escolar, dotar a los centros de los medios humanos y materiales necesarios así como impulsar campañas de concienciación dirigidas a toda la sociedad.

Por último el Partido Popular condena el hecho de que la nueva ley de educación puesta en marcha por Gobierno, LOE, “no contemple esta preocupante realidad y no incluya ningún tipo de medidas que permita hacer frente a dicho problema”.