Exigir a Seat

El ministro de Industria, José Montilla, tras un reciente encuentro con el presidente de Wolkswagen, parece haber arrancado de su interlocutor la promesa de que la empresa Seat (filial de Wolkswagen) no será vendida a terceros y que la matriz alemana mantendrá a la empresa española. El compromiso, sin embargo, tiene la contrapartida de una obligación para el Gobierno español de aumentar sus subvenciones a la empresa. Las exigencias de la firma se fundamentan en la baja productividad española y, en consecuencia, demandan financiación pública para impulsar un perfeccionamiento técnico que reduzcan costes unitarios y permita a Seat seguir compitiendo en un sector tan exigente.

Esta inyección de más dinero público en la empresa catalana no carece de justificación. El sector del automóvil es uno de los más importantes de nuestro sistema, no sólo por el volumen de negocio y empleo que genera sino por su poder de arrastre sobre toda la economía. Además, la fabricación de coches es una actividad donde el cambio técnico juega un papel decisivo. El apoyo público es, por tanto, razonable y hasta beneficioso. Sin embargo, la decisión es problemática. SEAT es una vieja industria puesta en marcha por el sector público y su trayectoria ha puesto de manifiesto, quizá mejor que ningún otro sector, hasta qué punto ha sido ineficiente la intervención pública en la industria española. El propio Alfred Marshall, padre del paradigma neoclásico basado en las fuerzas del mercado sin intervención estatal, recomendaba ya a finales del siglo XIX el apoyo público a las empresas eficientes para que prosperasen, rebajasen costes a través de las economías de escala y el cambio técnico, y triunfasen así en los mercados. Pero, al mismo tiempo, Marshall recomendaba la penalización de aquellas empresas ineficientes, con costes crecientes e incapaces de competir. No se trata, por tanto, de dar dinero de los contribuyentes o no darlo, sino de a quién se da ese dinero.

Es difícil determinar si nuestra añeja firma automovilística merece o no que se usen nuestros impuestos para mantenerla a flote, pero su historial podría servir al ministro de Industria en su decisión. Si se opta por una política de nacionalismo económico y protección, es más, si se vincula una empresa tan representativa a una entidad bancario de resonancia pública, quienes van a inquietarse son el resto de inversores internacionales que estudian operar en España. Las multinacionales quieren mercados libres y para que sigan entrando, creando empleo y cambiando nuestra técnica y capital humano hay que, también, dejarlas marchar cuando las cosas no les van bien.