Grupos de derechos civiles demandan al Gobierno Bush por espionaje extrajudicial

Dos de las principales organizaciones de derechos civiles de EE UU presentaron ayer una demanda contra el Gobierno de Bush por espiar, sin permiso judicial, a personas que consideran sospechosas de terrorismo. Las querellas fueron interpuestas por la Unión de Libertades Civiles de EE UU (ACLU), en un tribunal federal de distrito en Detroit, y la segunda, por el Centro para los Derechos Constitucionales en una corte en Manhattan (Nueva York).

A la demanda de la ACLU se han unido la organización Greenpeace, varios intelectuales, el escritor James Bamford, periodistas y otras agrupaciones no gubernamentales, entre ellas el Consejo de Relaciones estadounidenses-islámicas. El Sindicato Nacional de Abogados de EE UU se encargará de asesorar al Centro para los Derechos Constitucionales, según confirmó su directora ejecutiva, Heidi Boghosian.

Boghosian destacó que el centro ha «jugado un papel esencial proporcionando asistencia legal a las víctimas de los abusos de poder del presidente, como es el caso de los prisioneros en la base naval de Guantánamo».

«El sindicato está orgulloso de brindar nuestros abogados al centro para ayudarles a frenar el espionaje ilegal que les dificulta llevar a cabo su trabajo tan importante», según Boghosian.

Las demandas presentadas en Detroit y Manhattan son los primeros desafíos judiciales al programa de escuchas, autorizado por Bush, según reconoció el Gobierno en diciembre. Desde entonces, el permiso presidencial para espiar las comunicaciones de estadounidenses sospechosos de terrorismo, ha suscitado un auténtico aluvión de críticas.

Suspensión inmediata

Tanto las demandas de la ACLU como del Centro para los Derechos Constitucionales buscan que ambos tribunales ordenen la inmediata suspensión del programa de escuchas, que las dos organizaciones consideran «ilegal» e «inconstitucional».

Fuentes del Departamento de Justicia señalaron que alegarán razones de seguridad nacional.

La última escalada en las críticas por el programa de espionaje se produjo el lunes, con las declaraciones del ex vicepresidente Al Gore, quien acusó a Bush de violar la ley al consentir que se vigilara a ciudadanos sin autorización judicial.