Ejecutivo y partidos catalanes se encierran en el Congreso para ultimar el 'Estatut'

Los negociadores del Gobierno, PSOE, CiU, PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya se encerrarán desde hoy y hasta el viernes en el Congreso para tratar de cerrar un acuerdo sobre la reforma estatutaria. La primera reunión se centrará en el capítulo competencial para abordar en los días sucesivos la financiación y la definición de Cataluña. No parece fácil, sin embargo, que las pretensiones socialistas de conseguir un pacto antes del sábado, día en que se reúne el comité federal del PSOE, puedan hacerse realidad, según indicaron fuentes de las formaciones catalanas.

«A negociar hasta que el cuerpo aguante». Un dirigente socialista explicó con esta gráfica expresión la tarea que aguarda a los negociadores del Estatuto de Cataluña en las próximas horas. El primer encuentro será de carácter técnico, sin presencia de los líderes de los partidos, y estará dedicado a perfilar la redacción de los artículos que van del 113 al 173, apartados que detallan las competencias que asumirá la Generalitat una vez que la reforma esté aprobada. Fuentes de la negociación apuntaron que tras el acuerdo sobre la definición de las competencias compartidas, alcanzado el pasado viernes, no tiene por qué haber grandes problemas para poner «en negro sobre blanco» qué corresponde gestionar al Estado y qué al Gobierno autonómico.

Desacuerdos

Las partes mantienen desacuerdos en varias áreas. Una de las más relevantes es el traspaso de las competencias de inmigración -las fuerzas catalanas pretenden que la Generalitat gestione la concesión de permisos de trabajo y el Gobierno quiere preservar esa potestad bajo su órbita-. También persisten las diferencias en materia de cultura, ordenación del territorio, seguridad y educación, entre otras.

Cerrado este capítulo, entrarán en liza los líderes de los partidos para abordar uno de los dos grandes obstáculos, la financiación. Las fuerzas catalanas exigieron al Gobierno una propuesta alternativa a la que presentó Pedro Solbes a comienzos de enero, pero el Ejecutivo se negó y sugirió trabajar sobre el texto base del vicepresidente segundo. En este terreno, casi todo son discrepancias. No existe acuerdo sobre la Agencia Tributaria y tampoco sobre la cesión de impuestos, pero sobre todo hay una diferencia abismal sobre la filosofía: el Gobierno se niega a traspasar la recaudación y gestión de los impuestos, pero las fuerzas catalanas sostienen que sólo de esa forma habría un cambio de modelo.

El segundo gran escollo es la definición de Cataluña. El Ejecutivo, el PSOE y el PSC están decididos a que se reconozca «el sentimiento nacional» catalán, pero en el preámbulo del texto para que no genere efectos jurídicos, mientras que CiU, ERC e ICV se mantienen firmes en que nación figure en el articulado. En este sentido, José Luis Rodríguez Zapatero aseguró ayer en Jaén que «jurídica y constitucionalmente» lo más «correcto» es que el polémico término se reserve para España.