El Gobierno acata la decisión judicial, en la que aprecia un «mensaje positivo»

Un mensaje «positivo y de confianza» que da seguridad a la ciudadanía. Con estas palabras recibió ayer el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, la decisión de la Audiencia Nacional sobre la asamblea de Batasuna, una resolución que, a su juicio, evidencia que el Estado de Derecho funciona.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, por su parte, aseguró que el Ejecutivo «respeta y acata» las decisiones de los jueces, pero rehusó hacer más declaraciones hasta conocer en detalle sus fundamentos jurídicos.

El titular de Justicia resaltó, tras la conferencia que pronunció Fernández de la Vega en el Foro ABC, que ahora corresponde al Gobierno vasco cumplir con la resolución judicial en su territorio, mientras que en Navarra tal cometido es misión de la Guardia Civil o la Policía Nacional.

Recordó López Aguilar que la Ley de Partidos permitió ilegalizar a Batasuna «para que no pudiera concurrir a ningún proceso electoral ni acceder a las instituciones», pero puntualizó que eso no significa que sus integrantes «tengan intervenidos todos sus derechos fundamentales».

Derecho de reunión

Aún así, «el derecho de reunión no es ilimitado, pero sólo puede ser intervenido en el curso de una investigación penal conducida por un juez penal y es lo que aquí ha tenido lugar», explicó López Aguilar, que eludió desvelar si la decisión satisface al Gobierno porque el Ejecutivo acata y respeta las resoluciones judiciales, pero «no las comenta».

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, subrayó que se trata de una «gran noticia» que prueba que el Poder Judicial «afortunadamente funciona» y que España es una democracia «fuerte y sólida». A juicio del número dos del PSOE, la prohibición de la asamblea es «también una llamada de atención a los que no creen en la democracia ni en el funcionamiento del Estado de Derecho».

La decisión del juez Fernando Grande-Marlaska llenó de satisfacción al primer partido de la oposición, que vio respaldadas sus tesis con la resolución judicial. El portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, reaccionó con inmediatez a la «excelente noticia», que interpretó como una clara desautorización del comportamiento del presidente del Gobierno y el fiscal general del Estado.

«Nos da la razón a los que sosteníamos que la asamblea de Batasuna era un acto ilegal que tenía que ser prohibido», dijo el diputado popular en rueda de prensa en el Congreso. Por el contrario, apuntó que la decisión de Grande-Marlaska pone de manifiesto el «papelón» que ha hecho el PSOE y el Gobierno.

Zaplana censuró en concreto el comportamiento de José Luis Rodríguez Zapatero, al que culpó de haber abierto un debate «triste y penoso» sobre la polémica celebración del acto político convocado por Batasuna. En la misma línea, criticó que el fiscal general del Estado haya sido «arrastrado» y actuado «a regañadientes» en todo el proceso.

Cumplir con la obligación

Ambos «quedan claramente desautorizados», afirmó el portavoz popular, al tiempo que ensalzó el comportamiento de su partido, del juez, el Tribunal Supremo y la Asociación de Víctimas del Terrorismo. «Hemos cumplido con nuestra obligación al exigir el cumplimiento de la ley y denunciar la actitud contraria», concluyó.

Mientras, el líder de IU, Gaspar Llamazares, señaló que su formación «acata, aunque tiene reticencias sobre algunos extremos». Señaló que hubieran preferido que «prevaleciera el derecho de reunión sobre el de suspensión» y reclamó a Batasuna que no utilice esta decisión «para hacer victimismo y eludir sus compromisos», que, a su juicio, no son otros que «desmarcarse de ETA y pedir una tregua definitiva».